El expediente planteado por la empresa prevé la eliminación de 96 empleos directos en una plantilla actual de 368 trabajadores, lo que supondría la pérdida de casi un tercio de los puestos existentes en la factoría naviega. García Zardaín denuncia que el “supuesto ahorro” para la empresa sería mínimo —entre el 1% y el 2% de los costes de producción— frente al “impacto social descomunal” que tendría para todo el Occidente asturiano, donde casi 100 familias perderían directamente el empleo.
Además de los despidos, el comité alerta de que el plan incluye una reestructuración profunda que afectaría a 88 trabajadores, sometiéndolos a recolocaciones forzosas o a modificaciones sustanciales de sus condiciones laborales. “No se trata de salvar una fábrica”, afirma Zardaín, sino de “maximizar beneficios debilitando la plantilla y sustituyendo empleo estable por trabajo precario”.
La empresa apela a la automatización; los trabajadores lo rechazan. Desde la dirección se ha apuntado a la digitalización y a la inteligencia artificial como argumentos para justificar la reorganización. Sin embargo, el comité considera esta explicación un “relato mediático sin base real”, señalando que no existen aún sistemas implantados que permitan sustituir los puestos afectados y que, en cualquier caso, “primero deberían existir las soluciones y después debatirse la reducción de empleo, no al revés”.
Aunque la empresa sostiene que pretende priorizar salidas no traumáticas, el comité cree que ese planteamiento es inviable. Según García Zardaín, los trabajadores que podrían acogerse a jubilaciones anticipadas “no llegan ni a treinta”, una cifra muy inferior a los 96 despidos previstos, lo que obliga a un proceso traumático.
Preguntado por el prolongado silencio del comité en la fase inicial, Zardaín explica que optaron por un perfil bajo mientras la empresa mantenía un discurso de negociación basado en salidas voluntarias. Sin embargo, al constatar que la dirección avanzaba hacia un ERE obligatorio, la parte social decidió activar la respuesta sindical y la exposición pública del conflicto.
El periodo de consultas ya está en marcha, con un calendario de reuniones que se prolongará durante un mes. “Estamos dispuestos a negociar”, afirma el presidente del comité, pero advierte de que emplearán todas las herramientas a su alcance para defender los puestos de trabajo: huelgas, movilizaciones y visibilización del conflicto.
García Zardaín apela al apoyo de la ciudadanía, a la que pide “no mirar solo los beneficios empresariales”, sino el equilibrio social y económico de una comarca en la que ENCE lleva décadas operando sin rechazo vecinal. También agradece las palabras del consejero de Industria, Borja Sánchez, que se ha comprometido a analizar el impacto del expediente.
A partir de mañana, los trabajadores se concentrarán en la portería de la fábrica con piquetes informativos. Además, el comité prepara una manifestación este domingo en Navia, que prevé reunir a empleados, familias, comercios y colectivos afectados, finalizando en el Ayuntamiento.