La investigación está relacionada con unos supuestos pagos entre un abogado español y altos cargos de Guinea Ecuatorial en contraprestación a un acuerdo de su empresa con el gobierno de dicho país para desarrollar un proyecto de puesta en marcha de una planta de transformación vinculada a la actividad pesquera. La empresa del detenido no había realizado ninguna actividad previa de este tipo no tenía actividad comercial salvo este jugoso contrato.
Todos estos indicios motivaron la presentación de la oportuna querella en la Audiencia Nacional en la que el Fiscal, en base a los informes aportados por los investigadores, solicitaba a la autoridad judicial las dos entradas y registro que se han llevado a cabo en Gijón. Presuntamente es autor de los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental.
La operación ha sido coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado Central de Instrucción Nº 2 de la Audiencia Nacional. También se ha contado con especialistas de EUROPOL.