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En las residencias de mayores, ahora mismo hay 385 ancianos y 100 trabajadores infectados con coronavirus. El Partido Popular culpa al Gobierno aragonés, al que acusa de no actuar con la rapidez y contundencia necesaria, limitándose a hacer recomendaciones que no se cumplen.
La diputada popular, Marián Orós, pide que se haga obligatorio presentar el certificado de vacunación a cualquiera que quiera visitar a un residente, y propone que se realicen test serológicos entre los mayores, para conocer su grado de inmunidad.
Los populares también reclaman que se estudien fórmulas jurídicas para obligar a los trabajadores de las residencias a vacunarse, algo que ya están haciendo otras comunidades como Baleares o Cantabria. Según el Gobierno aragonés hay menos de 400 empleados que aún no se han vacunado, un 3% del total, pero en el PP no se creen esa cifra y afirman que son 800 los trabajadores que se niegan a inmunizarse.