El rechazo del profesorado a organizar viajes de fin de curso o excursiones por la falta de cobertura jurídica está suponiendo un goteo de cancelaciones de este tipo de actividades. Organizaciones sindicales y asociaciones de familias coinciden en que hay un problema que requiere una rápida solución.
Desde FAPAR, su secretaria técnica, Nieves Burón, señala que "vamos a trasladar a la administración educativa la necesidad de que se garantice la seguridad de todas estas salidas, tanto para el alumnado como para los docentes y las familias que a veces les acompañan en estas salidas, pero no podemos compartir esta suspensión unilateral por parte de los claustros con el perjuicio que supone para el alumnado y para la imagen de la Escuela Pública".
Por parte del sindicato ANPE, su presidenta, Teresa Hernández, defiende que estas actividades son muy positivas para los alumnos, pero no en estas condiciones. Asegura que muchos docentes no eran conscientes de hasta dónde llega su responsabilidad o con qué cobertura cuentan a nivel administrativo "que es nula", señala. "Esto hace que nos planteemos no hacer actividades hasta que la administración nos dé una cobertura y una normativa que regule este tipo de actividades".