La alcaldesa de Huesca advierte de las consecuencias del proceso de regularización en los ayuntamientos

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha remitido una carta al subdelegado del Gobierno en la provincia solicitando aclaraciones "urgentes" sobre el proceso extraordinario de regularización masiva de personas extranjeras. Orduna reclama al Gobierno de España que despeje las "graves lagunas jurídicas" de la norma, que concrete los criterios técnicos para valorar la situación de vulnerabilidad y que aporte la financiación necesaria para que los servicios sociales municipales puedan asumir esta tarea extraordinaria sin ver comprometida la atención al conjunto de los oscenses.

Para la alcaldesa, la imprevisión del proceso supone, en la práctica, trasladar a los ayuntamientos una carga de trabajo de enorme magnitud, sin periodo de preparación, sin estimación del número de solicitantes y, sobre todo, sin un marco jurídico claro. Problemas que ya fueron advertidos por el Consejo de Estado pero que no corrige el texto definitivo. En concreto, el escrito remitido por la alcaldesa al subdelegado detalla varios puntos preocupantes para la administración local:

• Obliga a profesionales municipales a constatar irregularidad administrativa que está fuera de su ámbito competencial y de sus funciones propias.

• No fija indicadores ni criterios técnicos objetivos que permitan emitir un informe de vulnerabilidad con las debidas garantías.

• La norma vincula irregularidad con vulnerabilidad, lo que hace que el certificado exigido a los servicios sociales resulte, en la práctica, innecesario.

• Y deja a las personas en inseguridad jurídica.

Inseguridad jurídica a la que se suma, dice, una "clara deslealtad institucional". El gobierno local entiende que no se ha tenido en cuenta a las entidades locales y advierte de que el impacto no se limitará a servicios sociales ya que las oficinas municipales de atención al público, los registros y la coordinación entre distintas unidades administrativas se verán también afectadas, con el consiguiente riesgo de desplazamiento sobre la prestación ordinaria de servicios esenciales al conjunto de la ciudadanía.

“El Ayuntamiento de Huesca cumplirá con sus obligaciones, pero lo hará exigiendo la lealtad institucional que tanto pregona el subdelegado pero que el Gobierno al que representa no ejerce”, ha declarado la alcaldesa. “Y lo haremos con rigor jurídico y en defensa de los intereses de los vecinos. No podemos asumir sin criterios claros y sin financiación, una tarea como la que se nos traslada”, ha agregado.