Cesur muestra su rechazo a la amnistía y asegura que "supone la ruptura con la Constitución Española"

Asimismo, en un comunicado ha manifestado que esta situación no garantizaría la seguridad jurídica que se defiende en el artículo 9 de la Constitución, hace inviable todo planteamiento de inversión y desarrollo económico acorde con el ejercicio de la libertad de empresa en un espacio de libertad y seguridad jurídica. De hecho, en estos últimos días, se han paralizado ya varios proyectos millonarios de inversión en el Sur de España que deberían de generar miles de nuevos empleos, han apuntado.

Por ello, piden el amparo y apoyo de todas las instituciones del Estado y de la Unión Europea, asociaciones profesionales, sindicales, empresariales y de todo orden, para defender el orden Constitucional, con una separación de poderes real y efectiva, ya de por sí manoseada y atacada.

De igual modo, reclama unirse a las asociaciones profesionales que representan a la mayoría de jueces, magistrados, fiscales, abogados, inspectores de Hacienda y de Trabajo, o colegios profesionales, que rechazan de plano la amnistía contemplada en el pacto de gobierno del presidente en funciones con los partidos independentistas, así como la quiebra del principio de igualdad de todos los españoles, la pretensión de organizar un referéndum en Cataluña y la intención de inmiscuirse en la labor del poder judicial, apuntando a intentar que un gobierno o partido o conjunto de partidos quieran controlar los tres poderes del Estado, eliminando la base sustancial de toda democracia.

Además, propone a la principal asociación empresarial, la CEOE, tomar las decisiones necesarias para defender los principios constitucionales mencionados, y afirma que todas las acciones que se tomen en favor de este fin, dentro de la legalidad, incluida una huelga general si fuera necesario, serán apoyadas por Cesur.

Por último, la asociación solicita apelar al "buen juicio" de los diputados y votantes del Partido Socialista Obrero Español, para renunciar en la deriva "rupturista" del Estado de Derecho por parte del Gobierno en funciones, y conformar entre todos los españoles un país plenamente democrático, con separación de poderes, libre de ataduras personalistas o partidistas, buscando la igualdad y el progreso, en paz y libertad.