La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a dos años de cárcel al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera en una pieza separada del caso de los ERE por las ayudas a la empresa Industrias Elizana S.A., con sede en la localidad cordobesa de Lucena y dedicada a la fabricación de muebles.
A la hora de individualizar la pena, los magistrados tienen en cuenta "el especial desvalor de la acción delictiva, el perjuicio ocasionado al erario público y la posición de singular garantía que debía haber mantenido en el ejercicio de sus funciones", ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una nota de prensa.
Por otro lado, condena al copropietario y administrador de la empresa, Pedro J.V., a dos años de cárcel y cuatro años de inhabilitación como cooperador necesario de un delito continuado de malversación, y a tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación, en todos los casos con las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño.
Para la imposición de estas penas, el tribunal tiene en cuenta el "especial perjuicio económico" que provocó a la administración autonómica y el hecho de que "prolongó su actuación delictiva entre 2007 y 2010". Asimismo, condena al empresario a indemnizar a la Junta en la cantidad de 924.218,70 euros, con la responsabilidad solidaria del ex alto cargo de la Junta en la cuantía de 525.000 euros.
Entre los años 2007 y 2010, Industrias Elizana resultó adjudicataria de ayudas, las cuales se obtuvieron "prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y por medio de acuerdos y gestiones verbales protagonizadas singularmente" por el acusado Pedro J.V. con los sucesivos titulares de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, en concreto Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.
La Audiencia considera que el administrador de la empresa condenado "conocía la ausencia de licitud de la forma de concesión de las ayudas públicas que instaba de la Dirección General de Trabajo, y actuó de forma concertada con los sucesivos directores generales para su obtención".