El ‘caso Marchelo’ sobre la gasolinera de Alhendín llegará a juicio el 21 de mayo
La última pieza del macro caso Marchelo, centrada en presuntas irregularidades en la construcción de una gasolinera en Alhendín, se sentará en el banquillo el 21 de mayo en la Audiencia Provincial de Granada. La acusación particular reclama penas de cárcel, demolición del edificio y compensaciones económicas.
Tras casi 20 años de instrucción, la Audiencia Provincial de Granada acogerá el próximo 21 de mayo el juicio de la última pieza del conocido ‘caso Marchelo’. A diferencia de otras fases de esta macro causa, que se resolvieron mediante acuerdos, en esta ocasión no se ha alcanzado ningún pacto, por lo que varias personas acusadas deberán responder ante el tribunal.
La pieza se centra en la construcción de una gasolinera en Alhendín, que según la Fiscalía, se autorizó en 2002 en suelo residencial, presuntamente vulnerando la normativa urbanística mediante un cambio irregular de la clasificación del terreno. El ‘caso Marchelo’ ha sido una de las causas más complejas de la provincia de Granada, con múltiples fases y acusaciones relacionadas con la gestión urbanística y presuntas irregularidades en la construcción. Esta última pieza es especialmente relevante al no contar con acuerdos previos, lo que la convierte en la única fase del macro caso que llegará completamente a juicio.
Acusados y delitos por el caso Marchelo
Entre los acusados figuran varios responsables municipales de la época, entre ellos el exconcejal de Urbanismo, otros dos ediles, un arquitecto municipal y el empresario beneficiado con la obra.
La Fiscalía acusa a los implicados de presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, solicitando penas de hasta 21 meses de prisión. Por su parte, la acusación particular, ejercida por un empresario que vio denegado un proyecto similar en el mismo terreno, eleva las solicitudes e incluye la demolición de la gasolinera y una compensación económica por lucro cesante.
El proceso judicial será clave para determinar responsabilidades y posibles sanciones, tanto penales como económicas, tras casi dos décadas de investigaciones y procedimientos.