La Mezquita Catedral es de la Iglesia
El Cabildo señala que ya queda "totalmente claro" que la Iglesia es "el legítimo propietario" de la Mezquita
El portavoz el Cabildo Catedral de Córdoba, José Juan Jiménez Güeto, después de que la Conferencia Episcopal Española (CEE) haya entregado este lunes al Gobierno de la Nación un documento en el que se descarta la titularidad de la Iglesia Católica sobre unos 1.000 bienes en toda España, entre los que no está la Mezquita-Catedral de Córdoba, ha resaltado este martes que, de esta forma, ya queda "totalmente claro" que la Iglesia "es el legítimo propietario" de dicho monumento.
En este sentido y en un audio remitido por la institución capitular, Jiménez Güeto ha señalado, con respecto a la Mezquita-Catedral" ya "es evidente que no es discutible quién es el legítimo propietario de este templo", a la vez que ha recordado que "inmatricular no significa adquirir propiedad, sino a dar publicidad a una propiedad".
Así, según ha argumentado Jiménez Güeto, "esto es una prueba más, lo que ha ocurrido en estos días, de que la Iglesia siempre, siempre está dispuesta a una sana colaboración y, por lo tanto, a ser un modelo de transparencia".
En consecuencia, según ha reiterado el canónigo portavoz de la institución capitular, a modo de conclusión, "el Cabildo Catedral de Córdoba y la Mezquita Catedral" constituyen "una institución ejemplar en la transferencia".
Jiménez Güeto ha reaccionado así después de que la CEE haya reconocido no tener constancia de ostentar la titularidad de unos 1.000 de los 34.961 bienes que aparecen en el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica hecho público por el Gobierno hace casi un año, en febrero de 2021. Según ha precisado la Iglesia, son bienes que nunca han sido de la Iglesia, o que ya no lo son porque fueron vendidos o porque son de terceros.
El 'Informe sobre bienes inmatriculados por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1998 a 2015', elaborado por la CEE y traslado al Gobierno central, señala algunas incidencias en el listado entregado por el Ejecutivo al Congreso, entre ellos "errores de doble inmatriculación, inmatriculaciones que la Iglesia no reconoce o inmatriculaciones que tienen otros titulares, como ayuntamientos, otras congregaciones religiosas, etcétera, y bienes que no son o nunca han sido de la Iglesia".