Habla el abogado de Pascual Llópis: "El dinero encontrado tiene un origen completamente lícito"

La defensa del empresario portuense Pascual Llópis, investigado en el marco de la operación Trajano-23 Sorela, ha presentado ante el juzgado un escrito en el que sostiene que el dinero intervenido durante el registro de su domicilio tiene un origen completamente lícito y solicita que se levante la medida cautelar que mantiene privado de libertad a su cliente. Así lo ha explicado en una entrevista concedida a Onda Cero el abogado Luis López de Castro, del despacho Low Pro Abogados, quien asegura que la documentación aportada acredita la procedencia del efectivo y desvincula a su cliente de cualquier organización criminal.

Durante la entrevista, el letrado explicó que el escrito presentado al juzgado incorpora diversa documentación fiscal para justificar el origen del efectivo localizado durante el registro. Según detalló, entre la documentación figuran declaraciones tributarias, impuestos de sociedades y modelos de IVA correspondientes a los ejercicios anteriores y al presente año. La intención de la defensa es demostrar que los aproximadamente 1,16 millones de euros encontrados en el domicilio proceden de la actividad empresarial desarrollada por los establecimientos de hostelería gestionados por Llópis.

Uno de los principales argumentos de la defensa es que parte del dinero permanecía en la vivienda debido a las dificultades que, según sostiene el empresario, encontraba para ingresar grandes cantidades de efectivo en la entidad bancaria con la que trabajaba. Por este motivo, el despacho ha solicitado al juzgado que cite como testigo al director de la sucursal bancaria para que explique las limitaciones existentes para realizar estos ingresos y, en su caso, aporte los correos electrónicos intercambiados con el empresario.

Según el abogado, estas circunstancias eran especialmente frecuentes durante fines de semana de gran actividad, como el Gran Premio de Motociclismo de Jerez, cuando los negocios registraban una elevada facturación en metálico. Luis López de Castro defendió que la actividad empresarial de su cliente es conocida desde hace años en El Puerto de Santa María y aseguró que la totalidad de los negocios investigados son legales. Además, rechazó que exista una estructura societaria destinada a ocultar fondos, como sostiene la investigación de la Guardia Civil.

"La Guardia Civil investiga. Será ahora el Ministerio Fiscal quien deba acreditar una acusación y demostrar los hechos"

La defensa también ha pedido al juzgado que revoque la medida cautelar impuesta a Pascual Llópis, quien permanece investigado tras la operación desarrollada por la Guardia Civil. El abogado aseguró que su cliente "confía plenamente en su inocencia", aunque reconoció que la situación le ha sorprendido por completo al no haber tenido anteriormente antecedentes penales ni procedimientos judiciales abiertos. La investigación continúa en sede judicial

La Guardia Civil dio por concluida recientemente la investigación desarrollada en el marco de la operación Trajano-23 Sorela, una actuación centrada en un supuesto entramado empresarial destinado, según los investigadores, a ocultar el origen y la trazabilidad de fondos mediante distintas sociedades.

Con la fase policial ya finalizada, el procedimiento continúa ahora en el juzgado, donde deberán analizarse las pruebas aportadas tanto por la acusación como por las defensas antes de que se determine si existen indicios suficientes para la apertura de juicio oral. Por el momento, el empresario mantiene la condición de investigado y el procedimiento sigue bajo instrucción judicial.