El juez autoriza a la UCO a analizar los móviles de seis empresarios investigados en el caso ‘Mascarillas’
La investigación indaga posibles irregularidades en contratos públicos vinculados a la Diputación de Almería y al Ayuntamiento de Fines
El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a acceder y analizar el contenido de los teléfonos móviles de seis empresarios del ámbito de la construcción investigados en el denominado caso ‘Mascarillas’. La causa investiga la posible existencia de irregularidades en contratos vinculados a la Diputación de Almería y al Ayuntamiento de Fines.
El instructor del procedimiento, el magistrado José Manuel Rey Bellot, ha estimado la solicitud presentada por el área de investigación económica de la UCO con el objetivo de obtener información que permita avanzar en el esclarecimiento de posibles delitos, entre ellos cohecho, blanqueo de capitales, fraude en la contratación pública y malversación de fondos públicos.
La autorización judicial figura en un auto fechado el pasado 2 de enero, mediante el cual se permite el clonado, volcado y examen del contenido de los dispositivos móviles de los empresarios investigados. Estas personas ya prestaron declaración en dependencias policiales el pasado mes de noviembre, en el marco de una operación en la que fueron detenidos el expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y el exvicepresidente segundo de la institución provincial, Fernando Giménez, entre otros.
Según se recoge en las resoluciones judiciales, la investigación apunta a la posible existencia de un sistema de funcionamiento dentro de la Diputación Provincial que habría facilitado la adjudicación irregular de contratos públicos, presuntamente atendiendo a intereses personales y económicos y al margen de los principios que rigen la contratación administrativa.
Las diligencias no se limitan al contrato inicialmente investigado, correspondiente a la compra de mascarillas, guantes y material sanitario durante la fase inicial de la pandemia de covid-19, cuyo importe superó los dos millones de euros. De acuerdo con los autos, los hechos investigados podrían extenderse a otras adjudicaciones relacionadas con obras y servicios.
La investigación describe una posible estructura dividida en dos niveles: por un lado, cargos públicos que habrían favorecido estas adjudicaciones y, por otro, empresas y empresarios que habrían participado como adjudicatarios o facilitadores de contratos públicos.
En este contexto, los investigadores centran su atención en varias empresas y sus responsables, entre ellos un familiar directo del exvicepresidente tercero y exdiputado provincial de Fomento, Óscar Liria, quien fue detenido en una fase inicial de la investigación. Según la documentación judicial, a través de la empresa Pulconal, este familiar habría tenido conocimiento de las adjudicaciones y habría percibido un porcentaje de los beneficios obtenidos.
Otra de las mercantiles señaladas en la causa es OYC Servicios Urbanos, cuya titularidad real se atribuye al exalcalde de Fines y a su hijo, ambos investigados, junto a otras personas vinculadas a la gestión y accionariado de la empresa. Además, el procedimiento analiza la actuación de otras sociedades dirigidas por distintos empresarios que podrían haberse beneficiado de adjudicaciones públicas.
La causa tiene su origen en la adjudicación, mediante decreto firmado el 8 de abril de 2020, de un contrato de suministro de material sanitario a la empresa Azor Corporate Ibérica por un importe superior a dos millones de euros. El juez aprecia indicios de irregularidad en dicha contratación, entre ellos la existencia de vínculos familiares entre responsables políticos y representantes de la empresa adjudicataria, así como gestiones previas a la formalización del contrato.
Las actuaciones judiciales también hacen referencia a comunicaciones mantenidas entre los investigados a través de aplicaciones de mensajería, en las que se emplearían expresiones codificadas para aludir a contratos y pagos. Asimismo, se recogen hallazgos de dinero en efectivo en registros domiciliarios y operaciones económicas cuyo origen se encuentra bajo investigación.
La instrucción analiza igualmente movimientos bancarios, pagos en efectivo, viajes y relaciones económicas entre varios de los investigados y su entorno familiar, con el fin de determinar si se produjo una posible integración en el circuito legal de fondos de procedencia presuntamente ilícita.
El acceso al contenido de los teléfonos móviles se considera relevante para el avance de la investigación y para la recopilación de nuevos indicios que permitan esclarecer los hechos objeto del procedimiento judicial.