La Abogacía del Estado ha rechazado la intervención del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para acometer la descontaminación radiológica de Palomares. Considera que lo que existe en la zona es una "situación de exposición existente" y "no una emergencia nuclear", derivada del accidente aéreo ocurrido en 1966 "externo al control de instalaciones reguladas". De esta manera, argumenta que "Palomares nunca ha sido un accidente nuclear, ni un suceso derivado de práctica laboral alguna con fuentes radiactivas. Por tanto, no le aplican normas pensadas para accidentes en centrales o instalaciones radiactivas". De este modo, se pediría a la Audiencia Nacional que rechace el recurso de Ecologistas en Acción para el almacenamiento de unos 6.000 metros cúbicos de tierra contaminada con americio y plutonio.
En su escrito, la Abogacía del Estado recalca que a Palomares "no se le puede aplicar normas pensadas para accidentes en centrales o instalaciones radiactivas". En esta línea, alude al seguimiento realizado a la población a través del Proyecto Indalo y otros programas de vigilancia posteriores a través del el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) a que la dosis efectiva que reciben los habitantes de Palomares "es menor que 0,1 mSv por año", lo que supone "un orden de magnitud inferior al nivel de referencia establecido para la zona (1 mSv/a) criterio radiológico que, en el caso de Palomares, permanece desde el 2001 y que rige cualquier intervención en dicha zona". Así, según expone, "los datos de dosis son bajos y estables, y ya existen medidas de control adecuadas, por lo que una remediación masiva podría causar más detrimento (movilización de material radiactivo, costos sociales y económicos) que el riesgo que pretende mitigar".
De igual modo, la Abogacía del Estado, hace referencia al Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP) aprobado en 2010, el cual considera que "no tiene carácter vinculante" y supone solo una "propuesta preliminar del CIEMAT". Como apunte, ve un intento por parte de Ecologistas en Acción en que la Sala de lo Contencioso de la AN "reanude el debate técnico ya zanjado por las autoridades".