La acampada por la vivienda retirará sus 40 tiendas para continuar las movilizaciones desde los barrios

La Acampada por la Vivienda de Almería ha anunciado que este domingo, 25 de octubre, retirará las cerca de 40 tiendas instaladas en la Plaza Emilio Pérez. El colectivo pretende abrir una nueva etapa de movilización, centrada en la organización vecinal y en futuras protestas en los barrios, con la convocatoria de una huelga general como uno de sus próximos objetivos.

La iniciativa, integrada en un movimiento estatal que comenzó en la Puerta del Sol de Madrid y al que se han sumado al menos 14 ciudades españolas, además de distintas localidades de Portugal e Italia, ha contado con la colaboración del Sindicato de Inquilinas de Almería. Su objetivo es visibilizar las dificultades de acceso a la vivienda y reclamar soluciones ante una problemática que afecta a numerosos ciudadanos.

Desde la instalación de la primera tienda, el pasado 4 de octubre en la plaza de Emilio Pérez, los participantes han desarrollado un trabajo continuado a través de asambleas diarias. Estos encuentros han reunido a decenas de personas para analizar la situación de la vivienda, concretar reivindicaciones, organizar grupos de trabajo y establecer una hoja de ruta con la que abordar el problema en la provincia.

Entre las principales demandas del colectivo se encuentran la reducción de los precios del alquiler, el refuerzo de las ayudas para acceder a una primera vivienda, el establecimiento de medidas progresivas contra los grandes propietarios y la recuperación de inmuebles en manos de fondos de inversión, entidades bancarias y la Sareb para ampliar la oferta pública. La organización sostiene que existen viviendas suficientes, pero que una parte importante se concentra en manos de unos pocos propietarios. Asimismo, recuerda que el parque público representa el 1,91 % del total en España, frente a una media europea del 9,3 %.

Los activistas también denuncian la situación específica del mercado inmobiliario almeriense, donde calculan que hay unas 73.000 viviendas vacías, muchas de ellas propiedad de bancos y fondos de inversión. A esta realidad suman la existencia de más de un desahucio diario y las dificultades que afrontan numerosos inquilinos durante el verano, cuando algunos propietarios ponen fin a los contratos de alquiler para destinar los inmuebles al alojamiento turístico.

Otra de las cuestiones señaladas por el colectivo es la discriminación en el acceso a la vivienda por motivos de origen, una práctica que califican de «racismo inmobiliario». También alertan de que el chabolismo y las viviendas en condiciones inadecuadas perpetúan la exclusión social. Según denuncian, distintas organizaciones sociales y el Defensor del Pueblo Andaluz han advertido reiteradamente de esta situación, sin que las administraciones autonómicas y municipales hayan establecido medidas formales suficientes para garantizar una alternativa residencial digna a las personas afectadas.

Una de las integrantes de la acampada ha explicado que durante estas tres semanas han recopilado las preocupaciones y propuestas de los vecinos, además de intercambiar opiniones con quienes se han acercado a las asambleas. Según ha señalado, este proceso ha permitido profundizar en el análisis de la situación de la vivienda en la ciudad y definir las líneas de actuación que seguirá el movimiento.

La organización también ha criticado las denuncias presentadas por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y ha reprochado que, según sus integrantes, no se haya acercado al lugar para conocer directamente sus demandas. Para el colectivo, esta actitud constituye otra muestra de la falta de respuesta municipal ante las dificultades de acceso a una vivienda.

En febrero de 2025, el pleno municipal debatió por segunda vez una moción para declarar determinadas zonas de la ciudad como áreas residenciales tensionadas. La propuesta pretendía intervenir en el mercado del alquiler para contener los precios y favorecer una oferta más asequible, pero fue rechazada por el Ayuntamiento pese al encarecimiento registrado en los últimos años.

Desde la acampada recuerdan que corresponde al Consistorio solicitar al Gobierno autonómico la declaración de estas zonas y defienden que algunos barrios cumplen las condiciones necesarias para ello. Uno de sus integrantes considera que la aplicación de esta medida depende de la voluntad política y critica que el Ayuntamiento no haya dado el paso. A su juicio, el rechazo a la propuesta demuestra que se están priorizando los intereses de los especuladores frente a las necesidades de los residentes.

Después de más de 21 días ocupando la plaza, los participantes han valorado positivamente el trabajo desarrollado y aseguran sentirse satisfechos con los resultados de la movilización. Consideran que la acampada ha servido para demostrar que los espacios públicos pueden ir más allá de la celebración de fiestas y eventos, convirtiéndose también en lugares de encuentro, debate, organización colectiva y defensa de los derechos de la clase trabajadora.

La retirada de las tiendas prevista para el domingo no supondrá, según el colectivo, el final de las protestas. Sus integrantes han animado a la ciudadanía a participar en la huelga general convocada para el 11 de noviembre, asistir a las próximas asambleas —que continuarán celebrándose cada dos días en la plaza— e incorporarse a los grupos de trabajo creados durante la acampada. El objetivo, aseguran, es mantener la presión sobre las administraciones para conseguir medidas que garanticen el acceso efectivo a una vivienda digna.