El Supremo mantiene la suspensión del voto de los nacionalizados por la ley de nietos de cara al 29N
La decisión supone mantener suspendido el derecho a voto de todos los nacionales españoles que accedieron a ella a través de una instrucción que desarrolla la ley de nietos, tal y como habían solicitado Iustitia Europa y Vox.
El Tribunal Supremo (TS) ha decidido mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la instrucción gubernamental de la ley de nietos. Esta medida supone mantener suspendido el derecho a voto de todos los nacionales españoles que accedieron a ella a través de una instrucción que desarrolla la ley de nietos, tal y como habían solicitado Iustitia Europa y Vox.
Así las cosas, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de reposición de la Abogacía del Estado contra la medida cautelar adoptada en autos del pasado 10 de septiembre en relación a inscripciones en el Censo de residentes ausentes en el extranjero, con el voto particular de una magistrada de los seis que componen la Sección.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado habían pedido que se levantaran las medidas cautelares ante la "imposibilidad material" de revisar los casi 170.000 expedientes a los que afectaba la medida adoptada por el Supremo.
Según indica nuestra compañera Eva Llamazares, con esta medida, ahora solo "podrán votar aquellos cuyos encargados de los registros consulares expidan bajo su responsabilidad certificación acreditativa de que su familiar tenía la condición de exiliado por razones políticas, ideológicas, etc.".
La reacción del Gobierno
Tras conocerse la decisión, el Gobierno ha lamentado que el Supremo mantenga la suspensión cautelar del derecho al voto. "Parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos", ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una conversación informal con periodistas durante la recepción oficial por la Fiesta Nacional, según recoge la agencia EFE.
Asimismo, cuenta Europa Press que el Ejecutivo estudiará ahora a través de la Abogacía General del Estado si se considera como definitiva la suspensión cautelar del voto para quienes hayan sido incluidos en el censo en virtud de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática a menos que acrediten que son descendientes de exiliados, y por tanto el Gobierno puede recurrir ante el Constitucional o solo pueden hacerlo los afectados.
Antes de que se conociera el fallo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había mostrado su confianza en que el Supremo avalara la tesis del Ejecutivo, ya que de lo contrario supondría privar a 400.000 españoles de su derecho a voto.
"Una democracia no puede tener ciudadanos de primera y de segunda", había defendido el presidente en conversación con los periodistas, incidiendo en que desde que se aprobó la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022 se han celebrado varias elecciones, incluidas generales en 2023, sin que hubiera ningún problema.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, había mostrado su confianza en que el Supremo sería "consecuente" con las cautelares, esgrimiendo que lo que dice la ley es que los nietos de exiliados sí tienen derecho de voto, pero quienes no desciendan de exiliados no.