El Supremo mantiene la suspensión del voto de los nacionalizados por la ley de nietos de cara al 29N
Madrid |
La decisión del Tribunal Supremo respecto a mantener la suspensión del derecho al voto para los nacionalizados por la ley de nietos ha provocado malestar en el PSOE. La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, denuncia que Alberto Núñez Feijóo (PP) y Santiago Abascal (Vox) han vuelto a "tropezar con la piedra" del franquismo: "¿Los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí?".
Así lo ha indicado en redes sociales, donde ha calificado de "atropello" la decisión del Supremo y asegura que no van a parar de denunciarlo. El PSOE tiene claro que tanto PP como Vox pusieron primero en duda el voto por correo y el sistema electoral y ahora van contra los descendientes de quienes tuvieron que exiliarse durante el franquismo. "¿Los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí? Para Feijóo y Abascal no fue suficiente el daño que les provocó la dictadura, sino que quieren seguir castigando a los descendientes de los españoles que tuvieron que huir de España para salvar sus vidas".
Fuentes socialistas aseguran a la agencia EFE que "la coalición reaccionaria, la coalición de los recortes" quiere llevar su proyecto de involución hasta uno de los derechos más fundamentales de la democracia: el derecho al voto. "En una democracia, el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza. En una democracia, los derechos se protegen, no se destruyen como quieren hacer PP y Vox. Llevan años pidiendo elecciones y ahora lo que quieren es que la gente no vote".
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de reposición de la Abogacía del Estado contra la medida cautelar adoptada en autos del pasado 10 de septiembre en relación a inscripciones en el Censo de residentes ausentes en el extranjero, con el voto particular de una magistrada de los seis que componen la Sección.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado habían pedido que se levantaran las medidas cautelares ante la "imposibilidad material" de revisar los casi 170.000 expedientes a los que afectaba la medida adoptada por el Supremo.
Según indica nuestra compañera Eva Llamazares en Onda Cero, con esta medida, ahora solo "podrán votar aquellos cuyos encargados de los registros consulares expidan bajo su responsabilidad certificación acreditativa de que su familiar tenía la condición de exiliado por razones políticas, ideológicas, etc.".