El Gobierno ignora una resolución de Transparencia para explicar una ayuda millonaria concedida al Comité Olímpico Español

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones continúa sin facilitar la documentación relativa a la ayuda concedida al Comité Olímpico Español pese a existir una resolución expresa del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que le obliga a hacerlo.

La aportación económica objeto de la controversia asciende a un máximo de 1,568 millones de euros y estaba destinada a financiar actividades de promoción deportiva e integración social en centros de acogida dependientes de la red pública de migraciones. La falta de acceso a la documentación impide conocer con detalle cómo se han empleado los fondos, qué actuaciones concretas se han desarrollado y qué mecanismos de control ha aplicado la Administración para verificar su correcta ejecución.

La ayuda fue aprobada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cuando la cartera estaba dirigida por José Luis Escrivá. La financiación quedó recogida en el Real Decreto 575/2023, publicado posteriormente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y se convirtió en una de las últimas ayudas impulsadas bajo su mandato al frente del ministerio, antes de abandonar el Ejecutivo para asumir la Gobernación del Banco de España a propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez.

Dos años de escasa información pública

La iniciativa fue aprobada en julio de 2023 y contemplaba actuaciones destinadas a fomentar la práctica deportiva y la integración social de residentes en centros de migraciones. Sin embargo, desde la salida de José Luis Escrivá del Ministerio a finales de 2023 apenas se han detectado comunicaciones públicas sobre el desarrollo de este programa.

Ni en los perfiles institucionales del Ministerio ni en los canales habituales de comunicación del Comité Olímpico Español han trascendido de forma periódica detalles sobre la ejecución de la iniciativa, las actividades desarrolladas, los centros participantes o los resultados obtenidos.

Precisamente esa falta de información pública es la que motivó la solicitud de acceso presentada por Onda Cero, con el objetivo de conocer qué actuaciones se han llevado a cabo, qué cantidades han sido efectivamente abonadas y cómo se han justificado los recursos públicos previstos en el programa.

Además, la resolución del Consejo de Transparencia estimó la reclamación presentada por este periodista y ordenó la entrega de la documentación solicitada en un plazo máximo de diez días hábiles.

Cabe señalar que, unas semanas después de que el Consejo de Transparencia estimara la reclamación, el Comité Olímpico Español difundió una reunión celebrada el pasado 7 de mayo en la sede olímpica entre su presidente, Alejandro Blanco, y la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.

La publicación informaba del encuentro institucional entre ambas partes, aunque no incorporaba detalles sobre el grado de ejecución del programa, las actividades desarrolladas en los centros de migraciones o la documentación cuya entrega reclama el organismo garante de la transparencia.

Alejandro Blanco y el Comité Olímpico Español

La relevancia de estos fondos se enmarca en la actividad institucional del Comité Olímpico Español y de su presidente, Alejandro Blanco.

Presidente del Comité Olímpico Español desde 2005, Alejandro Blanco ha desempeñado un papel protagonista en el olimpismo nacional durante las últimas dos décadas, manteniendo una posición abiertamente contraria a la limitación de mandatos impulsada por el Comité Olímpico Internacional a través de la Carta Olímpica, la norma básica que rige el movimiento y el organismo matriz del que depende el propio COE.

Aunque el Consejo Superior de Deportes es el organismo público responsable de la política deportiva estatal, la realidad del sector durante los últimos años ha situado a Alejandro Blanco en una posición de influencia superior a la de muchos de sus presidentes.

Fuentes conocedoras de las estructuras de poder del deporte federado sostienen que el presidente del Comité Olímpico Español no solo ha participado activamente en las principales decisiones estratégicas del sector, sino que ha ejercido una capacidad de presión e influencia determinante sobre algunas de las decisiones que han marcado la gestión deportiva en España durante las dos últimas décadas.

Según coinciden en señalar distintas fuentes consultadas por Onda Cero, Blanco impulsó decisiones relevantes y promovió movimientos de poder que en algunos casos acabaron provocando la salida o el relevo de dirigentes y altos cargos cuyas posiciones chocaban con los intereses defendidos por el COE.

Los "hermanos" Blanco y Rubiales

Especialmente significativa fue la etapa en la que Alejandro Blanco unió fuerzas con el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a quien llegó a referirse públicamente como su "hermano". Ambos conformaron durante años uno de los principales núcleos de influencia del deporte institucional español.

Precisamente Alejandro Blanco y Luis Rubiales han vuelto a coincidir en la actualidad informativa esta misma semana después de que Cordópolis adelantara la apertura de diligencias contra ambos en el denominado caso Córdoba, si bien desde el Comité Olímpico Español se han apresurado a rechazar cualquier actuación irregular y a defender públicamente la corrección de la actuación de su presidente.

Ayudas públicas sin precedentes

La ayuda de hasta 1,568 millones de euros concedida por el Ministerio de Inclusión para actuaciones en centros de migraciones se suma a otras ayudas públicas recibidas por el Comité Olímpico Español durante los gobiernos de Pedro Sánchez, en una etapa marcada por un volumen de financiación pública sin precedentes para el organismo olímpico.

Cuanto mayor es el volumen de fondos públicos gestionados por una entidad, mayor debería ser también la exigencia de transparencia sobre su destino. En el caso del Comité Olímpico Español, la relevancia institucional del organismo y el volumen de recursos públicos asociados a algunas de sus actividades convierten la información sobre el destino y la justificación de esos fondos en un asunto de evidente interés público.

La transparencia nunca ha sido uno de los referentes del Comité Olímpico Español, una institución que acostumbra a reivindicar su condición de entidad privada cuando se le exige rendición de cuentas, pero que no tiene inconveniente en recurrir a financiación pública cuando se trata de desarrollar buena parte de sus proyectos. Proyectos de los que en muchas ocasiones apenas trasciende información pública y sobre cuyo grado real de ejecución o resultados finales existen incógnitas incluso entre personas muy próximas a la dirección del propio organismo. Al fin y al cabo, se trata de recursos que salen de los 'bolsillos de los españoles'.

Requerimiento final ante el silencio de Migraciones

La controversia tiene su origen en una solicitud de acceso a la información pública presentada por el periodista Rafa Fernández, de Onda Cero, en agosto de 2025 para conocer el destino y la justificación de los fondos concedidos al organismo olímpico a través del Real Decreto 575/2023.

La documentación solicitada incluye las memorias de actuacióny económicas justificativas presentadas por el COE, la relación de destinatarios finales de los recursos empleados, los justificantes de pago realizados por la Administración y los resultados de los controles, comprobaciones o auditorías efectuadas sobre la ayuda.

Tras no obtener respuesta por parte del Ministerio, el solicitante acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En una resolución dictada el pasado 14 de abril, el organismo independiente estimó íntegramente la reclamación y ordenó al departamento que entregara la información solicitada.

La resolución también instaba al Ministerio a remitir al propio Consejo copia de la documentación facilitada para acreditar el cumplimiento de la decisión.

Además, el Consejo señaló que el departamento no había respondido a los requerimientos efectuados durante la tramitación de la reclamación, una circunstancia que quedó reflejada expresamente en la resolución.

Sin embargo, varias semanas después de expirar el plazo fijado por Transparencia, la documentación sigue sin haber sido facilitada.

Ante esta situación, el periodista de Onda Cero, Rafa Fernández, ha registrado un nuevo escrito ante el Consejo de Transparencia comunicando formalmente el incumplimiento de la resolución y solicitando que se adopten las actuaciones necesarias para garantizar su ejecución efectiva.

La comida más sostenible de 3.400 euros con fondos públicos

La petición de información sobre los fondos concedidos por Migraciones no es un caso aislado ni responde a un mero interés burocrático. La ayuda de hasta 1,568 millones de euros aprobada en 2023 constituye una iniciativa poco habitual tanto por su cuantía como por su destinatario, una institución como el Comité Olímpico Español, tradicionalmente vinculada a la gestión deportiva, pero no a programas de integración en centros de migraciones.

Pero el alcance de esta investigación va más allá de este expediente concreto. Durante los últimos años, el Comité Olímpico Español ha recibido una acumulación de subvenciones y aportaciones públicas millonarias procedentes de distintos organismos de la Administración, en una etapa sin precedentes en cuanto al volumen de financiación pública recibida por el organismo.

Precisamente por el carácter novedoso de algunas de estas iniciativas, por la cuantía de los recursos comprometidos y por el evidente interés público que supone conocer el destino de esos fondos, la presente investigación ha recurrido durante los últimos meses a los mecanismos de transparencia para acceder a las memorias justificativas y a la documentación de distintas ayudas concedidas al Comité Olímpico Español.

Y es precisamente en esas memorias donde aparecen cuestiones que difícilmente habrían trascendido sin el ejercicio de transparencia. Desde la ocultación de los destinatarios finales de parte de los fondos distribuidos por el organismo hasta gastos que merecen un lógico escrutinio.

Uno de ellos es una factura de 3.400 euros abonada al Asador Casa Juan por la "Cena de ponentes y participantes con el presidente del COE del día 18 de octubre de 2023 por el Congreso de Sostenibilidad y Deporte celebrado en el COE", según figura en la propia cuenta justificativa.

La documentación justificativa de esos gastos fue presentada ante el Consejo Superior de Deportes con la firma del propio presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, como máximo responsable de la entidad beneficiaria.

Además, entre la documentación facilitada por el Consejo Superior de Deportes figura un informe suscrito por quien fuera director general de Deportes y actualmente dirige la Fundación Deporte Joven, Aitor Canibe, en el que se concluye que las ayudas analizadas se encontraban correctamente justificadas y cumplían los requisitos exigidos para su validación administrativa.

La pregunta es inevitable: ¿considera el Consejo Superior de Deportes que el dinero público puede destinarse a este tipo de gastos y que estos encajan plenamente dentro de los fines para los que fueron concedidas las ayudas?

La transparencia no consiste en confiar, sino en poder comprobar.

Y precisamente por eso la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué motivo existe para no facilitar una documentación cuya entrega ha sido ordenada por el Consejo de Transparencia? Porque cuando se impide comprobar, las dudas no desaparecen; se multiplican.