Ya son 8.000 las personas fallecidas por el terremoto en Turquía y Siria, mientras continúan las labores de rescate. A contrarreloj, equipos de emergencia intentan salvar las vidas de quienes quedaron atrapados bajo los escombros. Naciones Unidas ha acusado al régimen sirio de Bassar al Assad de obstaculizar el trabajo de las ONG, impidiendo el paso a la zona controlada por los rebeldes. La ONU analiza todas las vías posibles para acceder y la ministra de Exteriores alemana, Analena Baerbock, manda un mensaje a Putin para que convenza al régimen sirio y éste permita la entrada de ayuda humanitaria.
El Constitucional rechaza que la magistrada Espejel se abstenga en la votación sobre el recurso del PP a la ley del aborto de 2010. Concepción Espejel pidió abstenerse porque en 2010 era magistrada del CGPJ, órgano que redactó un informe sobre la ley. El pleno del TC lo rechaza, argumentando que eso ocurrió hace más de 12 años y es habitual que los magistrados hayan participado en informes en el pasado. Ahora el TC abordará las recusaciones presentadas a 4 de sus miembros y después deliberará sobre el dictamen del magistrado Arnaldo, que viene a avalar la ley de plazos.
Ucrania cree que es 'cuestión de tiempo' que Estados Unidos acabe enviándoles aviones de combate. Los cazas F-16 acabarán llegando a Kiev, ha dicho en CNN el jefe del Consejo de Seguridad ucraniano, aunque esta misma noche Biden ha vuelto a descartar ese envío. La ayuda desde Occidente sigue llegando: Alemania ha anunciado que serán al menos 178 los tanques Leopard 1 que enviarán varios países, aunque la mayoría llegarán a Ucrania en 2024. Berlín mandará además ejemplares de Leopard 2, el modelo más moderno, como explicaba su ministro de Defensa, Boris Pistorius.
El Supremo avala que la empresa Ence mantenga su fábrica en la ría de Pontevedra al menos hasta el año 2073. La Sala estima el recurso de Ence contra la sentencia que emitió la Audiencia Nacional y da una prórroga de 60 años para que la fábrica de pasta de celulosa se mantenga en ese terreno. La empresa y sus trabajadores celebran la decisión, mientras que el alcalde de Pontevedra, Fernández Lores, del BNGa, cree que va contra de la ley de Costas y el estado de Derecho.