Ignacio Varela: "Resumen de una época: asuntos trascendentales tratados con criterios superficiales"

Por empezar con un poco de historia: En 1983, una de las primeras leyes del Gobierno de Felipe González estableció la jornada laboral, en 40 horas semanales.

Entonces no existía internet, ni inteligencia artificial. Los trabajos eran presenciales, la gran mayoría manuales, y ni siquiera la jornada laboral estaba regulada legalmente. En algunos sectores la jornada llegaba hasta las 45 horas sin contar las extraordinarias, para las que no había límite, como no lo había para el pluriempleo.

Treinta años después, la jornada legal sigue en 40 horas y, sin embargo, se han dado grandes avances en la legislación laboral: en la conciliación, en la flexibilidad, en la eliminación de formas de trabajo abusivas y también en el combate contra la economía sumergida, donde la cuestión ya no es de explotación sino de esclavitud.

El ingreso en la Comunidad Europea fue decisivo para modernizar y civilizar nuestro sistema de relaciones laborales. Así que es ridículo sostener que estamos como hace 30 años.

Las reformas más productivas se hicieron con el acuerdo de los sindicatos y las organizaciones empresariales, con el respaldo de mayorías parlamentarias amplias y se pusieron en práctica con la colaboración de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos. Exactamente lo que falta ahora, en esto y en casi todo lo importante.

Dejemos claras tres cosas:

•Primero, el futuro próximo es trabajar cuatro días a la semana con jornadas inferiores a 35 horas y sin merma de la productividad. Ese es el horizonte divisable en, pongamos, una década.

•Segundo, una transformación de esa naturaleza implica transformaciones tan complejas y profundas en el sistema productivo, y en los hábitos y la vida cotidiana que pensar que todo consiste en ganar por los pelos una votación en el Congreso y publicarlo al día siguiente es ignorancia, es demagogia o, probablemente, es las dos cosas a la vez.

•Tercero, cuando un asunto como este se mete en la rueda de la polarización política, el fracaso está asegurado. No digo el fracaso de la votación: podría haberse comprado el voto de Puigdemont como se ha comprado para cosas peores. Pero, en la práctica, sólo habría servido para introducir más desorden en el sistema.

El acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar incluye la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Por tanto, Sumar tiene derecho a exigir que se cumpla.

Pero sucede que en la colección de partidos que votaron la investidura de Sánchez hay varios que no están de acuerdo; que los empresarios -especialmente, las pymes y los autónomos -tampoco lo están y sin ellos es muy difícil; que nadie se ha molestado en hablar con la oposición; que el propio Partido Socialista está más en contra que a favor y, sobre todo, que en estos años tan progresistas no se ha dado un paso para preparar un cambio de esa envergadura.

Así que todo ha quedado en un empeño personal de Yolanda Díaz para sacar la cabeza del pozo político y electoral en que está metida, en un nuevo alarde del poder de Puigdemont sobre la política española y en la enésima prueba de que este Gobierno no tiene votos para gobernar con este Parlamento.

Grandes descubrimientos de Yolanda: que el Gobierno está en minoría, que ella es vicepresidenta gracias a partidos reaccionarios y xenófobos como Junts y que Sánchez no es un tipo de fiar.

Escandaliza la deslealtad del PSOE a sus socios de Gobierno. Primero aprueban la propuesta en el Consejo de ministros y, cuando hay que defenderla y votarla en el Congreso, los ministros de Sumar se quedan solos en el banco azul y el presidente se exhibe en un cine para demostrar que, a estas alturas, le importan un pito la jornada laboral y el Parlamento.

No es la primera ni será la última vez que Sánchez hace tragar sapos a su socia y vicepresidenta por pura chulería. Allá ella si se lo aguanta. Realmente, con esos amigos no hacen falta los enemigos.

Resumen de una época: asuntos trascendentales tratados con criterios superficiales.