El PSOE registra en el Congreso una proposición de ley porque entiende que hay acciones judiciales abusivas y conviene frenarlas. Varias apreciaciones.
La primera, que el poder judicial ya está regulado en la Constitución y no precisa de matices por parte del Gobierno. Segundo que el momento elegido no parece casual al coincidir en el tiempo con los casos abiertos a la esposa y el hermano del presidente y al Fiscal General. Y tercero, que el propio Gobierno sabe que esta propuesta no es inocente.
Por ese motivo (y como ya hicieron con la ley de amnistía) el registro se encomienda al grupo parlamentario. Porque si fuera el propio ejecutivo el que impulsara la norma necesitaría un informe jurídico del Consejo de Estado o del Consejo General del Poder Judicial. Pero si lo hace el partido no es obligado. Y oiga, cuanta menos gente les ponga pegas mejor. Que lo de los controles democráticos es muy molesto. Ya lo decía el presidente esta semana "puede volver a pasar".