El fiscal general del Estado ha sido de enorme utilidad en el Palacio de la Moncloa y por eso Pedro Sánchez no pide su cese, porque simplemente Álvaro García Ortiz hizo lo que el presidente le ordenó. Este es el convencimiento de la directamente perjudicada Díaz Ayuso, convencida de que presidencia del Gobierno diseñó una cacería contra ella. Una persecución política contra una rival utilizando los recursos del Estado.
Será el Supremo quien resuelva pero de momento, el instructor está más cerca de lo que sospecha Ayuso que de lo que defiende el Gobierno. Gobierno que vuelve a enfrentarse a la presidenta madrileña. En contra de lo que ella defendía, el edificio de la presidencia de la Comunidad en la Puerta del Sol va ser declarado lugar de memoria democrática.