La Audiencia de Sevilla no se conforma. Ha preguntado a la justicia europea si es correcto que el Constitucional de Conde Pumpido borrara algunas de las penas del caso de los ERE.
Por ejemplo, la malversación de Griñán o la prevaricación de Chaves. El simple hecho de consultar paraliza la aplicación de los beneficios. La Audiencia se opone a que se desvanezcan delitos derivados del desvío de 700 millones de euros destinados a los parados para beneficiar a personas y organizaciones afines al PSOE. Porque habría un espacio de impunidad y porque con el caso Ábalos, Koldo, Cerdán, de por medio no estamos para esas alegrías.
La justicia no sabe de atajos. Pero agota todas sus opciones. Y mientras el gobierno pagando facturas políticas en contra de la igualdad de los españoles o dejando seis días que la violencia se vivifique en Torre Pacheco.