Saca la escobilla, saca la escobilla

Tráfico de influencias, cohecho y venta de cargos públicos distinguieron al duque. Aprovechó su posición para hacer una fortuna y, a la muerte del rey, se libró del proceso de limpieza que inició el conde duque de Olivares por su condición de aforado, digo de prelado. Había conseguido que el Papa le hiciera cardenal y eso le salvó el cuello y la fortuna. Comienzos del siglo XVII. En casos de corrupción también tiene nuestro país una historia larga, larga. Saca la escobilla porque el año ha empezado con fuerza y los próximos meses prometen. Nuevos capítulos de este serial patrio con tantos personajes distintos, pero siempre con tramas parecidas, este serial sin fin que se llama Trincolandia.

Durán i Lleida, muy criticado por el voto de silencio que ayer se autoimpuso, se ha animado en Chile a decir algo sobre Pallerols. Lo que ha dicho es “no pienso dimitir”. Y también que el hecho de que cargos de su partido admitan que delinquieron no supone que Unió Democrática como tal haya hecho nada ilegal. La comparación que hace Durán es ésta: “Es como si usted tiene un piso y alguien está trabajando en su casa y deja el grifo abierto, tiene la responsabilidad subsidiaria, pero no ha hecho nada”.

En el caso Pallerols no es que se dejara el grifo abierto alguien que estaba trabajando en casa de otro, es que el del grifo era el secretario de organización del partido (era de la casa) y lo que salía por el grifo no era agua sino dinero, aunque el resto del partido, según la versión Durán, no se enterara. Se te inunda el salón pero no lo notas: la cabeza en Babia y los pies empapados. Ahora que el Pallerols ya se ha visto cómo queda, llegan los nuevos capítulos de los otros casos que aún no tienen desenlace. Se amontonan en la crónica del día nombres relacionados con episosodios de mangoneo presunto y que aún se están investigando -no se agolpen, no se agolpen-.

La familia Pujol, en el punto de mira de la fiscalía anticorrupción; Urdangarín y su socio Torres, imputados y, salvo gran sorpresa, futuros procesados en el caso Noos (en realidad, ex socios estos dos antiguos amigos, porque ahora están compitiendo por colgarle las responsabilidades al otro); Baltar, que es el último nombre en incorporarse al elenco de investigados por supuestos chanchullos como presunto colocador de personas afines y al que hoy ya cabe referirse como ex peso pesadísimo del PP gallego -no ha tratado Feijoo de disuadirle de la suspensión de militancia que hoy ha solicitado, a ver, al adversario interno puente de plata-.

Estos son sólo los nombres más conocidos de los cuatros casos que hoy están más vivos en los medios: Pallerols, Urdangarín, Pujol, Baltar. Pero la lista de casos aún pendientes de terminar la instrucción judicial y de llegar a juicio incluyen la Gurtel de Correa, el bigotes y Pablo Crespo (adjudicaciones preferentes a cambio de regalos y mordidas, presuntamente, y aún por determinar si afecta o no a la financiación del partido); incluye el caso Campeón, el de Dorribo, Blanco y la gasolinera; e incluye el Pokémon -que es un caso transversal, porque hay imputados de diversos colores políticos-, y los flecos que aún quedan de los ERES andaluces y Mercasevilla, y el caso Brugal, y el Emarsa y todos los que están abiertos en Baleares, que por su número merecen un desplegable aparte.

Personajes distintos, cantidades diversas, pero mismos delitos porque los hechos siempre son parecidos. Consisten en un cargo público, o varios, con poder para decidir a quién se adjudican contratos --es decir, a qué empresas se les asegura un negocio-- y que abusan de ese poder para beneficiar, no a quien presenta la mejor oferta para los intereses públicos, sino al amigote, al conocido, al recomendado o al que le tiene en plantilla. Te adjudico este contrato que lleva aparejado, para ti, un goloso beneficio, pero a cambio, claro, yo recibo algo.

Un sobre, un maletín, unos pisos, o un dinero en Suiza. En sus dos modalidades: aquélla en que el beneficiado, el untado, es el cargo público a título individual (esto los partidos lo resuelven repudiándolo) y aquélla en que el dinero sirve para financiar las actividades del partido (esto lo resuelven negándolo). En público. Porque en privado son más dados dirigentes del PSOE, del PP, de CiU, del PNV, a admitir que esta práctica de buscar la forma -ilegal- de conseguir dinero para pagarse, por ejemplo, mítines en campañas electorales ha sido, o tal vez sigue siéndolo, una costumbre.

Ellos lo explican de otra manera: si el empresario más potente de la comarca resulta que es muy afín al partido y desea donar dinero para ayudarnos a hacer campaña electoral, pues no le vamos a decir que no, ¿verdad? Aunque sea el empresario al que hemos adjudicado el setenta por ciento de los contratos en los ayuntamientos donde gobernamos nosotros, o al que le hemos recalificado unos terreno. En sus modalidades más sofisticadas, como sabemos, las adjudicaciones se inflan para que el adjudicatario reciba grandes cantidades de dinero público por servicios que, o no cuestan tanto -esto se investiga, por ejemplo en el caso Noos-, o directamente no existen, pero se justifican con facturas falsas -esto también se investiga en el caso Noos, y en el Gürtel y en el Campeón-. Con las facturas falsas se demostró Filesa.

Las grabaciones que la policía realiza en los teléfonos que pincha cuando investiga casos de corrupción siempre arrojan esta frase en boca tanto del corruptor como del corrompido, del que paga como del que ingresa, del que tiene los contactos políticos (o es él mismo el político con cargo) como del amigo que va a ser beneficiado. La frase es “esto funciona así”. Y, en efecto, esa es una percepción mayoritaria y generalizada. Esto funciona así. Ocho de cada diez españoles creemos que la corrupción está bastante extendida. No sólo en la política. Pero a la vez decimos que exposición directa a la corrupción no hemos tenido.

Cuando se pregunta a los ciudadanos quién ha pagado alguna vez un soborno, admite haberlo hecho el cinco por ciento. Dices: bueno, cinco por ciento de cuarenta millones salen unos cuantos. Sí, pero es un porcentaje inferior a la media de la Unión Europea. A pesar de que luego, en los estudios de transparencia internacional, salimos peor que nuestros socios de la UE. No sentimos la corrupción cerca pero sí pensamos que el sistema la cobija. Y nos parece que es un problema pero no tanto como para castigar severamente en las urnas a candidatos que han sido imputados. Tal vez porque le damos más peso a la presunción de inocencia, tal vez porque pensamos que, mucho o poco, todos los partidos tienen basura en los armarios. Menos mal que aquí no podemos fabricar una moneda de platino que valga un billón de euros porque seguro que algún espabilado la mangaba.