El monólogo de Alsina: 'Que el comisario Tajani nos devuelva la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil que le regaló nuestro Gobierno'

No hace ni un mes que le preguntaron a Tajani por el asunto astilleros (el tax lease) y se declaró convencido de que habría una solución positiva para la economía española. “Esto lo lleva competencia”, dijo, tapándose, “pero ya verán como encontramos una salida”. La salida no se ha encontrado, no al menos la que deseaba la industria naval española. Tajani dice que hizo lo que pudo y Almunia se resigna a quedar como el enterrador de esta película. No parece que se vaya a dejar ver por Sestao en los próximos quince o veinte años y se teme que alguien empiece a escribir, señalándole como principal inspirador, la segunda parte de “Los lunes al sol”. “Los lunes II: el naufragio del tax lease”. 

El tax lease es una fórmula que se pensó en 2002 para estimular la actividad en los astilleros y que se llama así porque es un leasing de barcos con beneficios en el tax, o sea, fiscales. El objetivo final es que al armador que encarga la construcción de un barco le salga el pago más apañado y, sobre todo, más cómodo, sin necesidad de un gran desembolso previo. ¿Cómo se hace? Introduciendo en esta relación de dos --el armador que necesita un buque y el astillero que se lo construye-- a un tercer actor, el que pone el dinero para que se construya el barco no porque le interese dedicarse a la mar sino porque eso le permite deducirse cantidades muy importantes en los impuestos que tiene que pagar (bonificaciones) por sus otras actividades. Bancos y grandes compañías, cuyo objetivo es poder rebajar lo que les toca pagar en impuestos, se unen para pagar la construcción del barco (a esto se llama AIE, Agrupacion de Interés Económico) y, una vez terminado, se lo alquilan a quien, en realidad, lo va a utilizar y se lo va a quedar, el armador, abona un alquiler durante cuatro años y, terminado ese plazo, termina de pagarlo y se lo queda. Él consigue una fórmula de pago accesible, los astilleros consiguen que les encarguen barcos y los inversores consiguen rebajas fiscales. Todos contentos.  

No habría pasado nada si no existiera una pugna comercial muy intensa entre los astilleros de los distintos países por ofrecer a los clientes potenciales condiciones de pago más interesantes que las que puedan ofrecer los demás. Todos los países con factorías dedicadas a la construcción de buques han ideado sus propias fórmulas para atraer inversión, muy a menudo basadas en incentivos de este tipo. No habría pasado nada si Holanda no hubiera denunciado a España por competencia desleal, denuncia a la que se sumaron Noruega, Francia, Finlandia y Portugal. La comisión europea tenía que dar respuesta a esa denuncia y ya venía avisando de que España iba a tener un problema porque el régimen de ayudas fiscales, el tax lease, es incompatible con las normas europeas de libre competencia. Los afectados lo que han venido explicando --y el gobierno y los gobiernos autonómicos han hecho suyo ese argumento-- es que obligar a devolver las ayudas equivale a darle a la puntilla al sector de la construcción naval, porque no habrá ni banco ni empresa que quiera financiar ya la construcción de ningún barco. 

Aunque los días iban pasando, desde el gobierno se han venido emitiendo mensajes esperanzadores. Extraoficialmente se mencionaba, primero, el frente común alcanzado entre el gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos de las regiones afectadas; segundo, que el comisario de la competencia, después de todo, es español, y de Bilbao, no hay que explicarle a Almunia lo que fue Euskalduna o la grúa Carola; tercero, que el comisario de Industria, Tajani, es un gran amigo de España, algo podrá hacer para echar una mano; y cuarto, para qué queremos más, que Rajoy tiene línea directa con Durao Barroso (muy cierto), que los dos se llevan estupendamente bien (muy cierto también) y que gracias a eso podrá persuadirle de que es descabellado clavarle ahora el arpón al sector de la construcción de buques que da trabajo a casi cien mil personas en España. Una, dos, tres y cuatro razones para confiar en que la exigencia comunitaria quedara en nada. Una, dos, tres y cuatro razones que no han servido para nada. Hoy la comisión ha emitido veredicto y toca pagar, devolver las bonificaciones concedidas desde 2007.  

Y Almunia, que se sabe el malo de esta película, ha insistido en que la devolución no habrán de hacerla ni los astilleros ni los armadores, sino las empresas de las AIE, el tercero en la relación, los financieros. Lo que viene sugiriendo el comisario bilbaíno es que bajo la apariencia de una defensa de constructores y armadores --y empleando el miedo a la desaparición de decenas de miles de empleos-- lo que está haciendo la administración es defender a los bancos y las grandes compañías que encontraron en la financiación de buques una forma eficaz de reducir su factura fiscal (que es verdad que la encontraron, pero porque de eso se trataba, de atraerles a invertir en un sector que se desinflaba). Almunia dice “no está en peligro la supervivencia de los astilleros”, mientras la patronal del sector proclama que hoy se ha dictado “la sentencia de muerte” del naval. El comisario recuerda que ahora está en vigor un nuevo régimen de ayudas fiscales bendecido por Bruselas y la industria responde que nos está tratando como a un país de tercera.

Lo próximo es el recurso que, contra la decisión, presentará el gobierno de España.  Si, al final, tiene que ejecutar la instrucción de Bruselas, tendrá que llamar a la puerta de los inversores que financiaron los barcos para que devuelvan sus beneficios fiscales. 

Al comisario Tajani no le van a pedir que devuelva la gran cruz de la orden del mérito civil porque la versión del gobierno dice que, después de todo, ha ayudado cuanto ha podido: que, de no haber sido por él, habría tocado devolver las ayudas fiscales concedidas desde 2005, y que gracias a él nos han perdonado dos años. Al comisario Almunia no le van a exigir que devuelva la nacionalidad española porque los comisarios, al realizar su labor (y al menos en teoría) no tienen patria. Eso sí, cuando termine su mandato en la comisión el año que viene, Rajoy celebrará una fiesta por perderle de vista y por el hueco que quedará en Bruselas para recolocar allí a alguno de los suyos.