Hasta los mayas deben de estar deseando fallar el pronóstico

Menos mal que lo que no fueron capaces de ver los mayas, lo ha visto Meliá, la compañía española que es líder mundial en complejos hoteleros y que siempre demuestra buen ojo para elegir la ubicación de sus nuevas ofertas. En este tramo de la costa este mexicana se produce una conjunción que ríete tú de la planetaria: buen clima, buen mar, buena gente y la historia maya que ha dejado aquí un buen número de lugares para visitar de un interés cultural indudable.

Playa del Carmen -para los paisanos, Playa a secas— ha multiplicado por quince su población en veinte años. Pero sobre todo ha multiplicado su oferta turística. Si el turismo es pilar esencial de este país (que en eso también nos parecemos) -México es el principal destino turístico de toda la América hispana-, la Riviera Maya es la región que mayor proporción de viajeros recibe en el país. Y dentro de la Riviera, lo último, lo nuevo, lo que va ganando en peso, en variedad y en calidad, es Playa del Carmen, con su arena blanca, sus parques naturales, sus manglares, sus cenotes y sus yacimientos arqueológicos. Sólo le faltaba una cosa a esta ciudad y ya la tiene: Paradisus, los dos nuevos hoteles de esta marca (La Perla y La Esmeralda) que se han sumado a la familia de resorts que Meliá tiene en medio mundo y que terminará teniendo en el otro medio. Nos hemos venido al Paradisus Playa del Carmen a recordar que hay compañías españolas capaces de seguir renovándose, de abrir camino y de ser referente para empresas de otros países; un baño de optimismo en medio de tanto dato económico adverso como les contamos cada día.

Desde Playa del Carmen, y agradeciendo su invitación a nuestros amigos de Meliá, iniciamos esta Brújula de hoy, turística y con mucho contenido económico, como corresponde a este día que en España esperaba empezar a celebrar lo que podríamos bautizar como el día de ponerse al día. ¿Quién? Las administraciones públicas que deben dinero, mucho dinero, a decenas de miles de empresas y autónomos que han provisto de productos o han prestado sus servicios a ayuntamientos y comunidades autónomas y que llevan esperando a cobrar meses o, en algunos casos, años.

Lo que ha sucedido en España con la morosidad de las administraciones públicas es un escándalo de proporciones bíblicas: mientras la empresa privada –sus empresarios y sus trabajadores-- se esforzaban en cumplir con sus obligaciones pese a la recesión, mientras las familias se dejaban los cuernos para no retrasarse ni un día en el pago de la letra de la hipoteca, ayuntamientos y autonomías se abonaban al vuelva usted mañana. “Pásate a cobrar el mes que viene que éste ya lo hemos gastado todo”. Y al mes siguiente otra vez: “Prueba dentro de un mes, que estamos caninos, tú ya sabes...” Pequeñas empresas que iban al banco a pedir financiación porque su cliente público se demoraba en los pagos y, frustrado el intento de conseguir que el banco les fiara, acababan por cerrar no porque ellas hubieran hecho las cosas mal, sino porque aquellos que tenían que pagar no pagaban. No pagaban y no pasaba nada, porque eran las administraciones públicas, es decir, una masa de gestores anónimos que podían hacer de su capa un sayo.

Ha sido la gran asfixia nacional, la de las pequeñas y medianas empresas que han ido menguando en número y reduciendo su tamaño: algún día sabremos cuántos de los tres millones y medio de parados que hemos acumulado desde 2008 hasta hoy se han debido al vergonzoso retraso en el pago de servicios ya prestados. Está sobradamente justificado el interés que ha despertado esta operación rescate que a comienzos de semana anunció el ministro Montoro porque son cientos de miles los proveedores que llevan tres años esperando a que alguien meta mano a este enorme atasco. Si al final todos consiguen cobrar, como dice el gobierno, están dispuestos a sacar en procesión a Montoro y a promover su proclamación como santo patrón del pronto pago. ¿Cómo se va a obrar el milagro del cobro? Pues esto es lo que se esperaba que explicara hoy el ministro, pero se ve que es más rápido anunciar lo que se va a hacer que hacerlo.

Al final lo que ha dicho el gobierno es que primero quiere tener claro de cuánto dinero hablamos, y para eso da veinte días a los ayuntamientos para que afloren todos sus pagos pendientes. A partir de ahí, diseñará el mecanismo para que el cobro sea rápido que debería estar funcionando ya para mayo. Queda la duda de si cobrarán antes quienes acepten una quita y de qué pasa con los intereses de demora, que probablemente se perderán en el camino. Como al final hoy no se ha aprobado el mecanismo, todo lo que conocemos es la idea que maneja el gobierno. ¿Y cuál es? Involucrar a los bancos como gran red comercial del Estado, es decir, que la pyme o el autónomo con facturas emitidas a cargo de alguna administración pública y que no haya cobrado se personará en el banco con el que habitualmente trabaje, presentará la factura y le será abonada. El banco se queda la factura y le da al proveedor el dinero que es suyo. ¿De dónde sale ese dinero, si hasta ahora no existía? Ah, amigo, de donde sale siempre.

El Estado lo pide prestado a estos señores a los que tanto detestamos pero cuyo dinero tanta falta nos sigue haciendo: eso es, “los mercados”. Emitimos deuda pública, nos prestan unos cuantos miles de millones de euros, el ICO coge ese dinero y lo poner a disposición de los bancos para que vayan abonando las facturas que les sean presentadas. Dices: vaya, qué sencillo era, ¿por qué no se hizo antes? Bueno, sencillo parece, pero en última instancia es lo que es: más deuda pública (que avalamos entre todos) y, en la práctica, una especie de condonación de las deudas acumuladas por autonomías y ayuntamientos, cuya deuda pasa de ser con los proveedores (que ahora ya cobran) a ser con el Estado (que es quien se ha hecho cargo de esa deuda, quien ha “comprado”, por decirlo así, las facturas pendientes de pago para pasarlas él al cobro, se supone, en algún momento futuro). Los ayuntamientos tendrán, primero, que sacar todas las facturas sin pagar de los cajones y presentarle una lista al gobierno, que a cambio de quedarse con esas facturas reclamará un plan de ajuste a los ayuntamientos. Dices: bueno, ya se arreglarán el gobierno central, los alcaldes y los presidentes autonómicos entre ellos, lo importante es que autónomos y pymes cobren lo que es suyo.

Ése es el sentimiento general, en efecto. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando, cuánta deuda enquistada tienen las administraciones con sus proveedores? Pues a la espera de que los ayuntamientos se retraten, la estimación inicial que maneja el Ejecutivo habla de entre 30.000 y 50.000 millones de euros. Amplia horquilla para un autentico dineral.