Llega el cambio. El cambio de hora

A las dos de la madrugada del domingo 25 de marzo. Que ya está aquí. Qué lejos parecía el día del Buen Ladrón, San Dimas, cuando José Antonio Griñán -líder sobrevenido al haber sido abducido Manuel Chaves por Zapatero- puso fecha a las elecciones autonómicas alejándolas lo más posible de las generales para aminorar el efecto contagio del hundimiento de Pérez Rubalcaba.

Alejarlas, en efecto, las alejó, bastante, pero el calendario es implacable y tras el invierno llega la primavera, con la primavera llega el cambio de hora y, con el cambio de hora es probable que los andaluces elijan esta vez también el cambio de tornas. Las encuestas que se han publicado así lo anticipan, en el Partido Popular así lo creen (por más que en público se encarguen de entonar ese estribillo que dice “cuidado, cuidado, que hasta el rabo todo el todo”)y en el Partido Socialista, en Ferraz, también lo creen (les conviene transmitir la idea de que hay que acudir en torrente a las urnas para frenar al PP, claro, pero es que sus números, en efecto, indican que la batalla la tienen prácticamente perdida).

Griñán se ha desmarcado cuanto ha podido de Chaves, de Zapatero, de Rubalcaba -dejadme solo que no soy hijo de nadie, ni siquiera hermano-, se ha desmarcado tanto que le llaman driblator, hasta dar la sensación de que se presenta él solo a estas elecciones: Griñán contra Griñán, el PSOE andaluz contra sus fantasmas, que son muchos y perseverantes. Anoche comentó aquí Vicente Vallés que cabe interpretar estas elecciones del domingo (más las andaluzas que las asturianas, que son fruto de una dinámica distinta) como un primer plebiscito a la gestión de Mariano Rajoy, una suerte de termómetro de apoyo ciudadano a punto de cumplir cien días en el cargo y en la región que más adversa le ha sido siempre a los populares.

Planteado así, una victoria dominical justificará que el señor Rajoy no sólo botara en el balcón de la sede de su partido, sino que se marcara el “A bailar, a bailar, a bailar” con los Cantores de Híspalis. Mientras en el PSOE entonan el “Todo termina en la vida” de Los Romeros de la Puebla. Desde luego son unas elecciones en circunstancias inéditas en Andalucía, con un PSOE en declive, muy dividido y muy salpicado por corruptelas que además de mangoneo incluyen trapicheos con cocaína (feo feo). El PP, por una vez, está en cabeza, con el viento a favor que han supuesto los últimos cuatro años de crisis económica y con una línea política que ha marcado el gobierno central y que hace evidente que, en Andalucía, con Arenas en el gobierno, también llegarían ajustes duros.

Los votantes, a estas alturas, conocen de sobra al PSOE y al PP andaluz, saben lo que cabe esperar de Griñán, de Arenas y de Valderas (el candidato de IU) porque nuevos nuevos, lo que se dice nuevos, no lo son ni el uno ni el otro ni el tercero. No son jóvenes promesas recién salidas de la cantera, ¿verdad?, y ese sentido, todo el mundo sabe lo que hay. Bueno, el PP sostiene que sólo se empezará a saber lo que hay, en los cajones, si gobiernan ellos, en cuyo habría que ver si hay que meter en revisión los números oficiales que hasta ahora se manejan sobre la economía andaluza y añadirle alguna décima al déficit o a la deuda acumulada. Asunto bastante más sensible de lo que pueda parecer estando España ahora mismo bajo la lupa de nuestros socios europeos y de los inversores porque ya corregimos a peor los números oficiales del 2011 y tenemos prometido (y requete prometido) que no volverá a pasar. Nunca.

En Asturias, aunque hubiera cambio en el gobierno no parece probable que pudieran producirse grandes revelaciones financieras dado que allí el gobierno actual lleva menos de un año en ejercicio. En Asturias el plebiscito no es a Rajoy sino a Cascos, el veterano político de derecha que se reinventó a sí mismo en “líder asturianista” cuando el PP le negó el cartel electoral en 2011. En mayo ganó Cascos y dejó al PP reducido a la mitad de lo que había sido. Ahora los electores dirán qué solución les parece menos mala para intentar que la legislatura dure cuatro años, si una alianza más que probable entre Cascos y el PP (si les da la suma) o una alianza PSOE-IU si es a estos a quienes les salen las cuentas. Rajoy es difícil que pierda en Asturias porque ya perdió el Principado hace nueve meses: la candidatura que ha presentado ahora es el reverso de la que presentó entonces, lo que prueba que aquello fue un patinazo y así ha sido asumido. Gobierne la derecha o gobierne la izquierda en Asturias, no parece que pudieran llegar muchas sorpresas sobre las cuenta del Principado.

En el fondo lo que se ha convertido ya en algo anacrónico es esto de tener que esperar a que el gobierno de turno decida dar a conocer el estado de las cuentas y la gestión que se ha realizado para poder tener, los ciudadanos, esa información a la que tienen derecho. A la que tienen derecho todo el tiempo, no sólo cuando cambia el signo del gobierno o cuando hay que presentar la contabilidad oficial a final de año. El gobierno central, al explicar hoy en qué consiste el proyecto de ley de transparencia, ha puesto el acento en este asunto: en la exigencia pública de que se administre bien el presupuesto y se cumplan los objetivos. Ocurre que en España ahora todos los asuntos los llevamos a esto, al cumplimiento, las facturas pendientes y las alfombras. Pero lo de la transparencia, como empezamos a explicar anoche, va más allá de saber si un ministerio, o una comunidad autónoma, gasta sólo aquello que tiene previamente presupuestado.

La “transparencia” no es una idea de este gobierno (o del anterior, que bosquejó su propia norma al respecto). En el resto del mundo se le llama “acceso a la información” o “gobierno abierto”, y es un movimiento internacional que aboga por hacer real lo que hoy sólo es formal. Hoy, formalmente, todo (o casi todo) lo que tiene que ver con la gestión del dinero de todos es, por definición, materia pública, no cabe esconder, ocultar, a quién contrata una administración o cuánto se gasta en tóner para las impresoras. Pero en la realidad, sí se esconde y sí se oculta. ¿Cómo? Dificultando el acceso de los ciudadanos a esa información. Sí, yo tengo derecho a conocerla, claro, pero me exigen que la solicite formalmente, que rellene unos formularios, y que me quede esperando, meses, años, hasta que se animen a darme una respuesta.

Pues bien, la clave de este movimiento en favor de la transparencia es muy simple: las instituciones, los gobiernos municipales, regionales o nacionales, no son propietarios de la información que, por definición, es pública. Luego han de habilitarse las herramientas que hagan posible que todo el que lo desee, la conozca. El “gobierno abierto” es fruto de consecuencia de la eclosión de las nuevas tecnologías. En otros tiempos, era un problema que quince personas quisieran ver un informe técnico de un ministerio, porque no había quince copias y daba mucho trabajo hacerlas. Pero hoy, con que exista una -con que el original esté informatizado y almacenado en un servidor (como ocurre ya con el 99 % de los documentos que manejan los organismos públicos)- basta para que puedan consultarla no quince, sino mil personas. Sólo hay que franquear el paso al ciudadano corriente, sólo hay que abrir la puerta para que lo público efectivamente lo sea. Ya ya está.