Marta García Aller: "Es desolador que el Gobierno no se ponga de acuerdo en cómo castigar un violador"
Marta García Aller reflexiona sobre la incapacidad del Gobierno de coalición para ponerse de acuerdo en la reforma de la ley del 'sí es sí' o en la definición del consentimiento dentro de esta ley.
Si la coalición de Gobierno no estuviera en medio de su mayor crisis por su incapacidad para ponerse de acuerdo en la reforma de la Ley del Sí es Sí podríamos estar hablando más de cómo prevenir la violencia sexual. Podríamos, por ejemplo, recordar que cerca del 80% de las mujeres que han sido violadas nunca denuncian por temor a no ser creídas. Y de que en países donde hay una mayor conciencia de los delitos sobre la mujer, la tasa de denuncias aumenta.
Si la nueva ley del ‘Sí es sí’ no hubiera dado lugar a rebajas de penas después de negar que estas podrían llegar a producirse, tal vez podríamos estar hablando de cómo fue en otros países. En Suecia, cuando en 2018 se cambió la definición legal de violación a sexo sin consentimiento, la tasa de condena aumentó un 75% porque las víctimas ya no necesitaban probar que se había utilizado la fuerza.
Pero como la nueva ley que tiene al Gobierno enfrentado y a estas alturas ni siquiera en la coalición son capaces de ponerse de acuerdo a qué llaman consentimiento, aquí la reforma en vez de aclararlo está produciendo justo lo contrario. Y la reforma de los fallos de la ley lo está terminando de confundir todo un poco más todavía.
Con tantas acusaciones cruzadas entre ministras cómo vamos a acordarnos de que California fue pionera en cambiar la tipificación del consentimiento.‘Yes means yes’ se llamó aquella ley. Dejaba claro que el silencio, la falta de resistencia o el consentimiento bajo la influencia del alcohol o las drogas no equivalían a consentir. Y sexo sin consentimiento era violación. La versión corta que se daba en los campus: solo tenga relaciones sexuales con personas que esté seguro de que quieran tener relaciones sexuales con usted. Hubo quienes creyeron que sería el caos, que los hombres estarían indefensos y que todo el sexo sería delito a partir de entonces. Spoiler: no pasó.
O podríamos también estar hablando de otro contador. El de la falta de recursos para vigilar a agresores sexuales en libertad condicional con riesgo de reincidencia, que son muchos, muchos más de los que salen en el contador por la rebaja de penas de la reforma legal.
¿Moraleja?
Que el Gobierno no sea capaz de ponerse de acuerdo en cómo castigar un violador resulta cada vez más desolador.