Ayer empezamos el día, el 50 aniversario de la muerte de Franco, con encuestas del preocupante aumento del apoyo de los jóvenes a la idea del autoritarismo y con celebraciones de lo importante que es cuidar la democracia. Y lo terminamos con miembros del Gobierno cargando contra el Tribunal Supremo por condenar al Fiscal General del Estado, reivindicando su inocencia y acusando a los jueces de condenarlo sin pruebas, antes incluso de que se pueda leer la sentencia.
Aún no sabemos exactamente por qué se condena a Álvaro García Ortiz. Tenemos el qué, pero no el por qué. El Fiscal General del Estado en el banquillo con toga y todo ya era histórico. E histórico es que el Supremo lo condene por revelación de datos reservados y lo inhabilite dos años.
El Gobierno busca ya el reemplazo al Fiscal General. Lo que no se puede reemplazar así como así al desgaste institucional que supone este proceso. Por el bien de las instituciones hubiera sido preferible que todo fuera de otra manera del principio hasta el final. Desde el principio, si se hubiera apartado del caso, porque habría podido defenderse mejor y sin menoscabo del cargo. Y al final, mejor si el fallo hubiera sido unánime y conociéramos el texto de la resolución judicial, para evitar tanta elucubración irresponsable. Ni lo uno ni lo otro.
Entre tanto, se suceden diputados y miembros del Gobierno diciendo, unos más en alto que otros, que es inocente y el fallo es una vergüenza. ¿Qué significa entonces que el Gobierno diga que acata la sentencia si luego salen ministros a decir que está en riesgo el Estado de Derecho? Óscar López pasó de morderse la lengua por la mañana a afirmar por la noche en La Ser que "son capaces de condenar a alguien sin pruebas". Atacar no es acatar.
Lo más peligroso para el futuro de la democracia no es lo que dicen los jóvenes en las encuestas, es lo que hagamos con la resaca de una sentencia como esta.
Muy defensor de la democracia no eres, si no respetas la separación de poderes.