El monólogo de las ocho: "El Gobierno pretende que el Caso Montoro sirva de expiación de sus pecados"

Anoche, tras una larga ausencia de años, la tertulia de la Brújula volvió a hablar de un hombre llamado Cristóbal Montoro. Las noticias traen consigo la reminiscencia de un estilo. Si Montoro convirtió la amenaza fiscal, apenas velada, en un atributo de su marca personal, ¿qué escrúpulo le impediría utilizar su poder discrecional para obtener un beneficio?

Montoro solía soltar con demasiada ligereza y aún mayor arrogancia, amenazas en la que se envanecía del poder coercitivo del Ministerio de Hacienda. Es conocida la inspección fiscal con la que obsequió al periodista de ABC, Javier Chicote, que se atrevió a denunciar que algo muy raro estaba ocurriendo en el ministerio de Hacienda.

Fue la primera vez que la opinión pública tuvo noticia de una agencia llamada Equipo Económico, que hoy está de nuevo de actualidad.

Así que la discrecionalidad era en Montoro un rasgo de estilo. Y si la utilizó para la represalia, ¿por qué no iba a hacerlo para el lucro? Esa es la pregunta lógica que hoy cabe hacerse, descontadas las debidas presunciones, ante el cúmulo de indicios reunido por la investigación del del Juzgado número 2 de Tarragona, según la cual, empresas gasistas se valían de las influencias de Montoro en el Gobierno para lograr reformas legislativas que les beneficiaban, pasando siempre antes por el despacho de abogados Equipo Económico (EE), ahora llamado Global Afteli, fundado por el exministro popular en 2006. Así habrían logrado la aprobación de al menos dos rebajas fiscales, en 2013 y 2018.

Así que la investigación sobre las actividades de Montoro al frente de Hacienda apuntan hacia una realidad podrida, en la cual el ministro no sólo se vería afectado por la presión de un lobby, sino que sería a la vez lobista y ministro. Corruptor y corrompido.

Cristóbal Montoro se da de baja del PP tras su imputación por cambiar leyes para beneficiar a empresas gasistas Era el único afiliado al PP de los 28 investigados. En Génova aseguran que ya pensaban en un "procedimiento informativo" contra el ex ministro.

Por el momento tratan de destacar las diferencias entre este caso y los escándalos judiciales del Gobierno presente. Que sí que es cierto, que por aquí no aparecen las prostitutas pero ni que la cantidad de prostitutas sea la medida de la gravedad de una investigación sobre presunta corrupción.

Al menos sí se limita a expresar su respeto por el procedimiento. Como decía el vicesecretario Juan Bravo.

Reacciones del PSOE al caso Montoro

De una forma un tanto suicida, el Gobierno pretende que sirva de expiación de sus pecados. Sería desde luego un parco consuelo para los ciudadanos que se les pretenda convencer que en la generalización de la corrupción hay una forma de salvación política. Sobre todo cuando cada día, hay nuevos indicios que se incorporas a las causas presentes que se acumulan contra el actual ejecutivo.

Hoy la ministra de Hacienda ha recuperado la voz, después de que hubiera enmudecido y nos privara de sus explicaciones acerca de cómo la financiación privilegiada de Cataluña beneficiará a los andaluces. En cuanto a Óscar López, al que escuchaban, es de argumentación tan precaria que no merece demasiado comentario.

Pero hay dos fórmulas bastardas a las que el Gobierno se aferra para arrogarse el poder de intervenir en la economía. Uno es el adjetivo estratégico que se le cose a cualquier sustantivo y la otra es el interés general. Lo cierto es que desde la absurda consulta pública, hasta que la corrección de los criterios de la CMNC por parte del Consejo de Ministros, por no mencionar las conversaciones en la Moncloa de con Salvador Illa, todo en la intervención del Gobierno en la fusi´ón del BBVA sobre el Sabadell tiene un tufo discrecional.

La Unión Europea expedienta a España por intervenir en la OPA de BBVA a Sabadell y elevar la decisión al Consejo de Ministros. Inicia un procedimiento de infracción por vulneración de la Competencia y, también, el derecho de veto que se autoconcedido el ministro de Economía Carlos Cuerpo. "Estos poderes constituyen restricciones injustificadas", sostiene Bruselas.

Y aunque Carlos Cuerpo aún así lo intenta. Es verdad que el margen discrecional que se ha concedido el Gobierno para intervenir en las operaciones corporativas es muy difícil de explicar desde una lógica de libre mercado.

Lo que dice Bruselas es que el Ejecutivo español no debió elevar la aprobación que dio la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la fusión, porque que la operación entre BBVA y Sabadell no se encuadra en ninguno de los motivos de interés general que permiten al Gobierno analizar un movimiento de concentración.