La primera jornada de la regularización extraordinaria de inmigrantes ha reavivado las advertencias que CSIF venía lanzando desde hace semanas. El sindicato denuncia que el proceso ha arrancado con incidencias informáticas, falta de personal y una planificación insuficiente que, a su juicio, está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de la Administración.
Cruz recordó que CSIF ya había avisado de que el sistema iba a fallar si no se reforzaban las plantillas y los servicios antes de arrancar el proceso. Según explicó, el problema de fondo no es político ni intencional, sino estructural: "falta manifiesta de personal y de recursos materiales" para atender una carga de trabajo que calificó de excepcional.
La entrevista se centró en las incidencias detectadas en las oficinas y en la pregunta de Rafa Latorre sobre si había "sabotajes" o "boicots". El portavoz fue tajante: "No nos consta ninguno", y defendió que lo que existe es una administración desbordada y mal organizada.
Cruz describió una situación de presión creciente en los centros que tramitan la documentación vinculada a la regularización. Habló de colas, tiempos de espera muy largos y jornadas que se prolongan más allá del horario laboral, con empleados que acaban atendiendo hasta las 21:00 horas.
El sindicato sostiene que hay incidencias informáticas y problemas de procedimiento que agravan todavía más el atasco. En su diagnóstico, lo que está ocurriendo demuestra que el sistema no estaba preparado para una operación que podría mover entre 500.000 y un millón de solicitudes.
Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la incorporación tardía de personal interino. Cruz explicó que el refuerzo anunciado llegaría, como pronto, a finales de mayo o principios de junio, cuando el proceso ya esté avanzado y el volumen de expedientes haya crecido.
Además, advirtió de que esas incorporaciones llegarían sin experiencia específica en este tipo de trámites y sin todas las habilitaciones o recursos informáticos necesarios. Para CSIF, eso convierte el refuerzo en una solución parcial y tardía, no en una respuesta real al problema.
El portavoz insistió en que distintas administraciones y departamentos están implicados en el proceso, desde Extranjería y la Policía hasta Correos o la Seguridad Social, y que la coordinación no está funcionando al ritmo que exige la avalancha de solicitudes. También señaló que Extranjería ya arrastraba saturación por el nuevo Reglamento de Extranjería.
En ese contexto, Cruz defendió que la administración debe garantizar un servicio ágil, útil y con capacidad suficiente para la ciudadanía. Su crítica no se dirigió solo a la falta de medios, sino a la lógica de fondo: aprobar normas sin dotar antes el aparato necesario para aplicarlas.