Bolaños, sobre la petición de Junts de un CGPJ catalán o de suprimir la Audiencia Nacional en la reforma : "Abiertos al diálogo"

El debate sobre la reforma judicial en España ha sumado un nuevo e inesperado capítulo local tras la exigencia de Junts per Catalunya de crear un órgano propio de gobierno de los jueces en Cataluña, similar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)estatal.

Esta propuesta, presentada como condición para apoyar la reforma impulsada por el Gobierno, ha sido recibida por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien ha manifestado su disposición a dialogar sobre la cuestión en el marco parlamentario, aunque "dentro de los términos que recoge la reforma de la Justicia" que pretende su administración. La iniciativa de Junts reabre el debate sobre el alcance de la autonomía judicial en Cataluña y plantea desafíos legales y políticos de primer orden.

Contexto y origen de la propuesta

Junts per Catalunya ha presentado una batería de enmiendas a la conocida como "ley Bolaños", entre las que destaca la creación del Consell de Justícia de Catalunya, un órgano que asumiría competencias actualmente reservadas al CGPJ estatal. Esta propuesta, recogida en el Estatut d’Autonomia de 2006 pero limitada por la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, podría permitir un aumento del control del sistema judicial y dotar a Cataluña de mayor autonomía en la gestión de jueces y magistrados.

Las palabras de Bolaños y la postura del Gobierno

En una entrevista reciente, Bolaños ha afirmado que el Ejecutivo está "abierto al diálogo" sobre las enmiendas presentadas, incluida la de Junts, pero ha subrayado que cualquier avance deberá ceñirse al marco de la reforma judicial en trámite parlamentario. El ministro ha señalado que la voluntad del Gobierno es "mejorar en esos términos lo que sea posible la ley", sin cerrar la puerta a negociar competencias, pero sin comprometer la unidad del sistema judicial español.

Bolaños ha defendido que la reforma busca modernizar la justicia, incrementar el número de jueces y fiscales y mejorar los recursos digitales, rechazando las críticas de jueces y fiscales que consideran que la norma puede suponer una amenaza para la independencia judicial.

Detalles de la exigencia de Junts

Junts reclama que el Consell de Justícia de Catalunya tenga atribuciones como:

- Designar al presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y los presidentes de sala y audiencias provinciales.

- Nombrar y cesar jueces temporales y determinar su adscripción.

- Asumir funciones disciplinarias y resolver recursos internos en el ámbito catalán.

- Además, Junts propone que el TSJC se convierta en la última instancia jurisdiccional en Cataluña y plantea la supresión de la Audiencia Nacional, transfiriendo competencias a los tribunales superiores autonómicos.

Reacciones y controversia

La propuesta ha generado un intenso debate político y judicial. Las principales asociaciones de jueces y fiscales han manifestado su preocupación por el posible impacto en la independencia judicial y el equilibrio institucional. Consideran que la reforma puede comprometer la neutralidad del sistema y abrir la puerta a la politización de la justicia.

Por su parte, el Gobierno mantiene que la reforma seguirá su tramitación parlamentaria y que se valorarán las enmiendas en el marco del diálogo con los grupos, sin comprometer los principios fundamentales del Estado de Derecho.

Antecedentes legales y viabilidad

El Consell de Justícia de Catalunya ya fue previsto en el Estatut de 2006, pero el Tribunal Constitucional limitó sus competencias en 2010, estableciendo que cualquier órgano autonómico debe actuar como órgano desconcentrado del CGPJ estatal y no puede asumir todas las competencias de este. Por ello, la viabilidad de la propuesta de Junts dependerá tanto del consenso político como del encaje constitucional.

La negociación sigue abierta y el resultado de las enmiendas presentadas por Junts podría marcar un hito en la organización judicial española, en función de los acuerdos que se alcancen en el Parlamento