La Agencia investiga los sistemas de protección de las cintas en el establecimiento y encuentra infracciones graves. Tiene que haber siempre un protocolo claro que diga quiénes pueden acceder y para qué, cuál es el plazo de conservación de las imágenes, cómo se extraen, quién y cómo accede al lugar donde se guardan y sistema de eliminación. No había nada de eso. Y pone dos multas.
Alfonso Pacheco, abogado especializado en protección de datos explica que “ la multa más grande, la de 100.000 euros es por no tener implantadas medidas técnicas y organizativas que aseguren la seguridad de esa información”.
Además, detectan otra infracción por la que añaden otros 50.000. “En las actuaciones de inspección se vio que en el centro de control de seguridad la empresa tenía colocadas unas fotos de posibles sospechosos de hurto. La agencia entiende que la empresa no está legitimada para tener esas fotografías y que una actuación así está reservada a cuerpos y fuerzas de seguridad”.
Las imágenes pueden estar 30 días almacenadas a menos que capten un acto ilícito, que se pueden reservar para ponerlas en manos de las fuerzas de seguridad del estado, nunca con otro fin. Esta multa, esta sanción administrativa la cobra el Estado. Si Cifuentes quiere cobrar una indemnización debe acudir a los tribunales.