¿Ha acertado el Gobierno al solicitar la compra del 10% de Telefónica?

El pasado mes de septiembre arrancó con la noticia de que el grupo estatal Saudi Telecom iba a adqurir el 9,9% de la empresa de telecomunicaciones Telefónica: esto causó una cierta inquietud dentro de la opinión pública, por la posibilidad de que esta importante empresa estratégica, que trabaja con el Ejército español, estuviese influenciada por las decisiones del Gobierno saudí.

Dos meses después, el Gobierno ha ordenado la compra del 10% de las acciones Telefónica para convertir el Estado en el accionista mayoritario de la empresa. Acerca de esta decisión han debatido en Julia en la Onda los economistas Gonzalo Bernardos y Javier Díaz Gímenez, que presentan posturas enfrentadas al respecto.

¿Era una compra necesaria?

Bernardos ha comenzado su intervención afirmando que España "no tenía la necesidad de comprar el 10%" de la empresa, puesto que la empresa saudí tiene ahora mismo un 5% de las acciones con opción de compra hasta el 9%. Tal y como ha explicado Bernardos, con el 5% de las acciones la empresa saudí no tiene derecho a ocupar un puesto en el Consejo de Administración y, por lo tanto, no está expuesta a información sensible.

El economista añade que, en caso de querer adquirir más del 5% que ya posee, el Ministerio de Defensa puede vetar la operación, debido a las relaciones entre Telefónica y el ejército en nuestro país.

Bernardos celebra la noticia

Aún, así, Bernardos afirma que le parece muy bien que lo hayan comprado, y ha criticado duramente las privatizaciones que se han acometido en España y en Europa en los últimos años, mencionando, por ejemplo, los casos de Argentaria y Telefónico: "En Europa existía el credo del libre mercado", explica Bernardos, que afirma que el continente se arrepiente ahora de haber perdido el control sobre sus empresas al dar más negocio al sector privado: "El credo del libre mercado me parece una gran equivocación", opina Bernardos, que defiende las inversiones públicas en grandes empresas que países como Estados Unidos y China llevan a cabo.

"Todo aquello que sea imprescindible debe tener una mayoría de carácter público" ha declarado en el programa Bernardos, que defiende que el Estado juegue un papel predominante en las empresas de carácter estratégico, aunque haya espacio también para las empresas privadas.

Las críticas de David Díaz Giménez

Javier Díaz Giménez, sin embargo, presenta una postura completamente contraria a la de Bernardos: al economista la parece "francamente mal" que el Gobierno haya ordenado adquirir las acciones con el dinero de los contribuyentes. Díaz Giménez ha argumentado que, si Telefónica tiene datos sensibles del Ejército, eso lo tiene que gestionar Defensa sin que ello implique una compra de accoines; además, ha hecho referencia a los argumentos de Bernardos para quitar importancia a la adquisición de este porcentaje de las empresas.

El economista se ha mostrado muy duro con la participación pública en empresas privadas, y afirma que los Consejos de Administración de estas corporaciones son un "aparcamiento de políticos incompetentes para esas empresas". "Es muy importante mirar quienes son los miembros de los consejos de Adminstración", opina Giménez, que se ha mostrado muy crítico con la posibilidad de que se faciliten las conocidas como "puertas giratorias" desde las instancias públicas.

Como ejemplo de fracaso de la titularidad pública, ha puesto de ejemplo el quiebre de las cajas de ahorros, a las que el Estado tuvo que rescatar; el economista teme que esta situación pueda volver a replicarse con Telefónica, y afirma que para distribuir los recursos "lo mejor que podemos hacer es dejárselo al mercado". "En las empresas privadas, a los consejeros los ponen los accionistas, no los amiguetes", ha argumentado el economista.

La reforma en el subsidio de desempleo

Por otro lado, se ha comentado también en la sección el acuerdo para la reforma del subsidio de desempleo alcanzado finalmente entre los ministerios de Trabajo y Economía, en el que ha terminado por ceder la cartera de Nadia Calviño. Los cambios son los siguientes:

• El subsidio pasa de los 480 euros actuales a los 570 en los seis primeros meses de la prestación.
• Pasa a los 540 en los siguientes seis meses.
• Se mantiene en los actuales 480 euros durante el resto de tiempo de la prestación.

Bernardos ha celebrado esta medida, afirmando que Yolanda Díaz está construyendo un "Estado del Bienestar", y Díaz Giménez está de acuerdo también, aunque hubiese preferido un contraste mayor en la cuantía con el paso del tiempo para incentivar a la búsqueda de empleo, así como vincular este subsidio con el Ingreso Mínimo Vital.