La llamada Ley Trans, que es aún un borrador del Ministerio de Igualdad, sigue generando debate tanto dentro del colectivo feminista como en el propio Gobierno. Y desde luego, es bueno que ese debate se abra a toda la sociedad.
El ministerio de Irene Montero quiere tenerla esa lista para este mismo mes de febrero, pero algunos de los aspectos de la ley suscitan discrepancias severas entre Podemos y PSOE, y también en los expertos jurídicos. Lo ha dejado claro esta mañana la vicepresidenta primera Carmen Calvo, que se ha mostrado preocupada por la seguridad jurídica de uno de los puntos clave de la nueva ley, que prevé que los mayores de 16 años puedan cambiarse el nombre y el sexo en el DNI sin más requisitos que una “declaración expresa”.
Según Calvo, establecer el género como algo subjetivo podría poner en riesgo el trabajo que durante décadas ha hecho el feminismo. Es importante proteger y ampliar los derechos de colectivos discriminados y vulnerables, pero es igualmente importante que no supongan retroceso para nadie.