Varias comunidades ya prohibían los móviles en colegios e institutos antes de la propuesta de Educación

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha pedido a las comunidades autónomas la "unidad y consenso" para prohibir el uso de los móviles en los centros de Educación Primaria y Secundaria como la que se mantuvo durante la pandemia para decidir la vuelta de los alumnos a las aulas.

"Durante la pandemia fuimos capaces de tomar decisiones tan importantes y ahora creo que es importante también que, con esa unidad y ese consenso, podamos dar respuesta a esta preocupación de los padres y las familias", ha asegurado la ministra en una entrevista en Antena 3.

Alcanzar una propuesta conjunta y consensuada

La titular de Educación ha insistido en que la propuesta planteada a los gobiernos autónomicos en la Conferencia Sectorial de Educación busca dar respuesta a "una inquietud" social y porque "es importante que los chavales entiendan que, cuando van a la escuela o al instituto, lo importante es estudiar, formarse y que su relación con las tecnologías sea sobre todo segura y racional".

Con este fin, Alegría ha explicado que volverá a reunirse con las comunidades autónomas en enero para "poder alcanzar una propuesta conjunta y consensuada". El planteamiento del Ministerio es prohibir el uso del móvil en Primaria durante el horario lectivo y permitir su uso en Secundaria en clase presencial cuando así lo establezca el profesor porque su proyecto pedagógico lo requiera. Pero ya hay comunidades autónomas que ya prohíben el uso del móvil en las aulas.

CC.AA que ya prohíben el uso del móvil en las aulas

La Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla la Mancha y Andalucía ya tienen prohibido el uso de teléfonos móviles como mecanismo de comunicación en los colegios durante los periodos lectivos, mientras que en el resto de regiones son los centros los que limitan su uso.

Además en Cataluña, la Conselleria de Educación de la Generalitat catalana también ha impulsado un proceso participativo para regular el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos y prevé que el nuevo marco regulador llegue a las escuelas en enero de 2024. Precisamente, el Consell Escolar de Catalunya emitió este martes un informe en el que concluye que la Generalitat catalana debe regular el uso del móvil y que esta restricción de ser "más fuerte" en Infantil y Primaria, con limitación a un uso adecuado en ESO.

También en Canarias, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes ya ha anunciado que elevará al Consejo Escolar autonómico una consulta sobre la posible regulación regional del uso de teléfonos móviles y otros dispositivos en los centros educativos del archipiélago.

Andalucía dictó la semana pasada una instrucción para la regulación del uso de los teléfonos móviles en los centros educativos andaluces que contempla, entre otras medidas, limitarlo durante la jornada escolar, salvo con fines exclusivamente didácticos y criterios pedagógicos "debidamente justificados", así como la retirada de los dispositivos por el "incumplimiento" de las normas de convivencia.

Las instrucciones de inicio de curso en Cantabria incluyen la no utilización del teléfono móvil en las aulas entre sus recomendaciones, una medida que, según el Gobierno regional, está teniendo "buena acogida en la gran mayoría de centros". De hecho, el Ejecutivo cántabro informó el pasado mes de noviembre de que más de 30 de los 48 Institutos de Educación Secundaria de Cantabria y la "práctica totalidad" de los centros concertados de este nivel educativo tienen regulado el uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar "y la mayoría están prohibiendo su uso".

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid limitó el uso del móvil en los colegios al inicio del curso 2020/2021 "para mejorar el rendimiento académico y luchar contra el acoso escolar". Este cambio en la regulación madrileña incorporaba la prohibición expresa del uso de los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos durante la jornada escolar, permitiendo, exclusivamente, su uso como herramienta didáctica o por razones de salud.

Esta medida, contemplada en la Estrategia integral para la Convivencia escolar y en el Plan de Ciberseguridad del Ejecutivo regional, afecta a todos los centros públicos y concertados

La prohibición del uso de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en la Comunidad de Madrid establece un margen de autonomía de los centros para que, en su contexto y dentro de las normas de convivencia aprobadas, puedan permitir el uso de estos medios, de forma excepcional, en determinado periodos, o con fines didácticos, así como a aquellos alumnos que por razones de necesidad o excepcionalidad lo necesiten.

Galicia

Aunque esta norma continúa en vigor, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha mostrado partidario de abordar una regulación más estricta sobre el uso del móvil en las aulas y ha sostenido que la decisión debe ser "colectiva" y contar con el "máximo consenso posible".

Además sostiene que es una cuestión que se "debe hablar" para ver si se debe prohibir de una forma "mucho más taxativa". Así, sostiene que debe ser un asunto a abordar por los centros educativos con las familias para llegar al mayor consenso posible y "con racionalidad".

"Creo que es una cuestión a hablar, está encima de la mesa y creo que la tendencia mayoritaria es que debe regularse y no debe permitirse utilizar el teléfono al libre albedrío", defiende el presidente de la Xunta de Galicia.

Castilla la Mancha

Castilla la Mancha fue la primera comunidad autónoma en prohibir el uso de estos dispositivos en los centros escolares. Así, la Ley de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de 2014 establece que los menores "no deberán mantener operativos teléfonos móviles ni otros dispositivos de comunicación en los centros escolares, salvo en los casos previstos expresamente en el proyecto educativo del centro o en situaciones excepcionales, debidamente acreditadas".

En la misma línea, esta ley regional señala que los menores "deben hacer un uso adecuado y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, preservando su intimidad y respetando los derechos de los demás".