Este lunes se ha celebrado el juicio contra el actor y productor de cine porno Ignacio Allende, Torbe, en el que ha reconocido los delitos de los que había sido acusado de distribución y posesión de pornografía infantil. Asimismo, también han sido juzgadas otras dos personas, allegadas suyas acusadas de dos delitos de pornografía infantil y de revelación de secretos.
Torbe ha realizado su declaración por videoconferencia y únicamente ha hecho uso de la palabra para ratificar los hechos de los que se le acusaba. Tampoco ha hecho uso de la última palabra.
Y aunque la Fiscalía había solicitado más de 7 años de prisión, su defensa solicitó una pena de dos años de prisión que previsiblemente no cumplirá a cambio de haber reconocido los hechos, en conformidad con la Fiscalía. Sin embargo, este extremo se dilucidará tras la sentencia.
En abril de 2016, Torbe fue arrestado e ingresó en prisión preventiva por los delitos de pornografía, trata de seres humanos, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. Aunque solo se juzgan dos hechos: uno cometido en el año 2012, cuando el productor de cine grabó a una joven de 17 años en un vídeo porno, y siendo conocedor de la edad de la chica, esperó para publicarlo.
El otro hecho por el que se le juzga tuvo lugar en 2015, cuando otra joven menor, testigo protegida en la causa, grabó vídeos porno con él y se prestó a otros vídeos y fotos pero sin que se le viera la cara ni los difundiera, y al ver que uno de ellos se hizo viral reconoció que era menor y denunció los hechos. Uno de ellos es en el que la joven se sube la camiseta y dice "Aúpa Athletic".
La Fiscalía ha anunciado el acuerdo con Torbe al comienzo del juicio, por el que rebaja su petición inicial de 7 años y 7 meses de prisión por distribución y posesión de pornografía infantil y por revelación de secretos, a dos años de cárcel por dos delitos de distribución (un año por cada menor), con la atenuante de reconocimiento de los hechos y de reparación del daño porque ha pagado ya 65.000 euros por daños morales.
Este acuerdo de conformidad también incluye una multa de unos 3.000 euros por los delitos de posesión y de revelación de secretos; dos años de libertad vigilada; la prohibición de ver ni ponerse en contacto durante cuatro años con la testigo protegida que denunció el caso en 2015; la prohibición de trabajar con menores durante seis años, y que se decomise el disco duro y el móvil desde que se distribuyeron las imágenes de la menor.
También se dispone el pago, ya realizado, de 65.000 euros a la víctima por daños morales.
Por su parte, la defensa de Torbe solicita que su cliente no entre en prisión ya que no cuenta con antecedentes computables.
De los otros dos juzgados, Francisco José M.L., también ha llegado a una conformidad con la Fiscalía reconociendo un delito de posesión de pornografía infantil a cambio de una rebaja en pena. En vez de los tres años que pedía la Fiscalía originalmente, acepta una multa de 2.880 euros. Asimismo, tampoco podrá trabajar con menores durante varios años ni acercarse a la joven que denunció los hechos en 2015.
Sin embargo, el tercer encausado, Carlos P.R. no ha llegado a acuerdo. Ha negado los hechos de los que se le acusan y que él enviara a Francisco José M.L. vídeos de la menor que es testigo protegidaLa Fiscalía ha mantenido para él su petición de tres años de pena de cárcel.