9 de mayo de 2025
La sentencia considera probado que blanqueó dinero de la droga, entre 1988 y 2007, mediante la adquisición de bienes inmuebles a través de la inmobiliaria San Saturnino. El tribunal ha impuesto la misma pena de prisión e idéntica multa a los otros cuatro acusados, María Rosa Pouso Navazas, Rosa María Prado Pouso y Josefa Pouso Navazas, su primera esposa, su hija mayor y su excuñada, respectivamente; y para José Alberto Aguín Magdalena, un empresario que, según la acusación, actuaba como testaferro del narcotraficante.
Además, la Audiencia de Pontevedra ha acordado la clausura definitiva de la sociedad inmobiliaria, al ser el "eje" alrededor del cual todos los acusados blanquearon dinero del narcotráfico, decretando el decomiso de la totalidad de bienes adquiridos.
La Fiscalía solicitaba inicialmente para Miñanco y su círculo familiar más cercano una pena de seis años de prisión y el pago de una multa de diez millones de euros. Los magistrados de la Audiencia de Pontevedra consideran acreditado en la sentencia que "sin distinciones entre ellos" todos los acusados participaron "activamente" y de forma "fundamental" en el proceso para lavar el dinero que procedía del narcotráfico.
La Audiencia destaca a la hora de fijar la pena el volumen de dinero blanqueado, así como los negocios "que levantaron, que sostuvieron y que aún tienen", o la cantidad de sociedades que formaron "para ocultar o, cuando menos, maquillar" la procedencia del dinero.
El tribunal señala que el conocimiento que tenían los sospechosos de la procedencia delictiva del dinero se deduce "de una forma bien fácil" del incremento patrimonial, "notorio y desproporcionado", que los acusados "no pudieron justificar" con sus ingresos legales.
El origen del dinero con el que adquirieron numerosas propiedades en la provincia de Pontevedra, según la sentencia, "solo se explica" por la relación de todos ellos con las actividades delictivas de Sito Miñanco.
La sentencia explica que Sito Miñanco y José Alberto Aguín Magdalena "conocían perfectamente" que el dinero empleado para la adquisición de las propiedades de la inmobiliaria procedía, "e incluso ellos mismos lo habían obtenido", de sus actividades delictivas.