Shakira y Piqué firman en un juzgado el acuerdo sobre sus hijos
El acuerdo se alcanzó después de meses de negociaciones entre los equipos de abogados de ambos, tras su separación, anunciada esta primavera.
La cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué firmaron este jueves en un juzgado de Barcelona el acuerdo que permitirá a la artista establecerse con sus hijos, Milan y Sasha, en Miami (Estados Unidos).
El acuerdo se alcanzó después de meses de negociaciones entre los equipos de abogados de ambos, tras su separación, anunciada esta primavera.
Shakira y Piqué llegaron por separado al juzgado acompañados de los respectivos letrados.
Tras rubricar el acuerdo, el letrado de Gerard Piqué, Ramon Tamborero, explicó a la prensa que "los dos están más tranquilos, más relajados", y han pensado "en el bien de sus hijos".
El trámite de la firma transcurrió de forma "correcta, como no se esperaba de otra manera, delante del juzgado, y a partir de ahora a esperar la sentencia una vez que el fiscal apruebe el convenio", destacó Tamborero.
El abogado desmintió algunas informaciones que aseguraban que el acuerdo impedía a Piqué establecer su residencia en Miami o que no podrían verse con los niños acompañados de sus futuras parejas.
Shakira tiene pendiente una causa penal en España
Hace unas semanas, Shakira y Piqué explicaron en un comunicado que habían firmado "un acuerdo que garantiza el bienestar" de sus hijos y que estaba pendiente de ratificarse ante el juzgado "como parte de un trámite meramente formal".
Fuentes del entorno de la cantante explicaron entonces a que la artista prevé mudarse a Miami con sus hijos a principios del próximo año desde Barcelona, ciudad donde nacieron, han vivido los últimos ocho años y están escolarizados.
La artista tiene ya desde hace años una residencia en Miami y es donde su familia materna lleva viviendo los últimos años también.
Aparte de la cuestión de la separación y la custodia de los niños, Shakira tiene pendiente una causa penal en España por varios delitos económicos contra la hacienda pública.
La Fiscalía pide para ella ocho años y dos meses de prisión y una multa de más de 23 millones de euros (cerca de 24 millones de dólares).