Madrid |
Con los datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, a finales de junio de 2025 hay 286.861 personas en listas de espera, con 16.536 incorporaciones en sólo seis meses. De ellas, 136.009 están a la espera de valoración; 123.857 esperan a la elaboración del PIA (reconocimiento de la prestación o servicio que les corresponde), y casi 27.000 esperan a recibirlo, una vez su PIA ha sido aprobado.
A pesar de que ha crecido el número de personas atendidas, como cada año, la mayoría de los nuevos servicios ofrecidos son "low cost" (de bajo coste), como la teleasistencia o los cuidados en el entorno familiar, mientras continúan reduciéndose las plazas en centros de día y residencias.
La Ley establece un plazo de 180 días para la atención a la dependencia. Sin embargo, según datos del propio Ministerio, no sólo no se ha reducido este tiempo, sino que ha aumentado de 334 días a 342 en los últimos 6 meses hasta junio de 2025. Con el ritmo actual que tiene el sistema de dependencia, se tardarían 94 años en lograr la plena atención.
La desigualdad por comunidades autónomas es pasmosa, pues sólo cinco cumplen la ley: Castilla-La Mancha, País Vasco, Aragón, Castilla y León, y Ceuta… En Andalucía, Murcia o Canarias se llegan a superar los 12 meses de espera.
Además, cada año fallecen miles de personas sin haber llegado a recibir la ayuda que solicitaron, lo que desde el Observatorio califican de "crueldad institucional". En los cinco primeros meses de 2025, fallecieron 8.004 personas en lista de espera. La mitad de ellas ya habían sido valoradas, y no pudieron tan siquiera ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia. Esto vendría a decir que cada 15 minutos fallece una persona en lista de espera. La situación es especialmente alarmante en territorios como Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias, que concentran las listas de espera más largas.
Desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales lamentan la falta de presupuesto desde 2024 en la financiación estatal, que sólo cubre el 28,6% del gasto (frente al ideal del 50%). En 2024 no se destinó el incremento anual de 600 millones de euros aprobados en el Plan de Choque de 2021.