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¿Contra quién va la huelga general por la vivienda? El debate que abre la convocatoria de CCOO y UGT: "Es un acto de campaña"

El paro de 24 horas reclama medidas a las administraciones y a los empresarios y abre una cuestión poco habitual: quién es el destinatario de una huelga que combina vivienda y salarios.

ondacero.es

Madrid |

Manifestación en Logroño en la que se ha pedido vivienda universal o huelga general | Europa Press

CCOO y UGT han acordado convocar una huelga general de 24 horas este otoño para reclamar salarios dignos y medidas que faciliten el acceso a la vivienda. La convocatoria todavía no tiene fecha y deberá ser ratificada por los órganos de dirección de ambos sindicatos, pero ya ha abierto un debate poco habitual, ya que normalmente las huelgas por definición son contra el Gobierno: ¿contra quién se dirige exactamente el paro?

Los propios sindicatos explican en su comunicado que la huelga "interpela" tanto a las diferentes administraciones públicas con competencias en vivienda como a las organizaciones empresariales, a las que reclaman que los salarios permitan acceder a un bien básico como una vivienda.

La convocatoria llega, además, después de la caída de los dos decretos de vivienda en el Congreso y en plena carrera hacia las elecciones generales del 29 de noviembre.

"¿Contra quién es la huelga?"

La cuestión ha provocado un intenso debate en Por fin, de Onda Cero. Soto Ivars ha planteado directamente la pregunta: "¿Contra quién es la huelga?"

Rebeca Marín ha defendido que la protesta no tiene necesariamente que dirigirse contra un único actor. "Las huelgas son para reclamar derechos o para no perder derechos", ha señalado.

A su juicio, las reivindicaciones afectan a diferentes administraciones porque las competencias relacionadas con la vivienda están repartidas. También ha recordado que la protesta incorpora una cuestión laboral directamente vinculada a los sindicatos: la evolución de los salarios frente al fuerte incremento del coste de la vivienda.

Gobierno, comunidades autónomas y empresarios

El propio comunicado de CCOO y UGT permite identificar tres destinatarios diferentes.

Por una parte están las administraciones públicas, tanto estatales como autonómicas y locales, que tienen repartidas distintas competencias relacionadas con vivienda, urbanismo, regulación y políticas sociales.

Por otra están las organizaciones empresariales. Los sindicatos pretenden introducir el acceso a la vivienda en la negociación salarial y plantean para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva incrementos salariales de entre el 4% y el 7%, cláusulas de revisión y medidas vinculadas a vivienda.

Finalmente está el Gobierno central, que ha convertido la vivienda en uno de los asuntos centrales del final de la legislatura y cuyos dos decretos fueron rechazados por el Congreso antes de volver a ser aprobados por el Consejo de Ministros para someterlos a la Diputación Permanente.

Una huelga diferente a las anteriores

Carmen Ro ha destacado precisamente esta particularidad de la convocatoria. "Esta huelga es verdad que tiene una forma anómala, distinta", ha señalado, porque considera que no nace inicialmente en los despachos sindicales, sino de las movilizaciones por la vivienda y de las protestas impulsadas por el movimiento de inquilinos.

"Cuando hay una huelga general siempre se sabe contra qué o contra quién va", ha explicado. En este caso, considera que no puede presentarse exclusivamente como una protesta contra el Gobierno, pero tampoco puede dejarse al Ejecutivo fuera de la fotografía.

Soto Ivars ha defendido una interpretación diferente y considera que la convocatoria tiene un marcado componente electoral por producirse después de las movilizaciones de Sol y en plena precampaña. "Es un acto de campaña. Punto", ha afirmado.

La fecha definitiva será acordada por CCOO y UGT junto con organizaciones sociales y el Sindicato de Inquilinas. Será entonces cuando se concrete una huelga que, a diferencia de otras convocatorias generales, combina reivindicaciones salariales con exigencias dirigidas a varias administraciones para afrontar la crisis de acceso a la vivienda.