Hasta 50.000 euros al 0% para comprar una primera vivienda: así es la medida que plantea el Gobierno
Maricarmen acepta la propuesta para volver a su casa cuando reciba el alta
Madrid |
El Sindicato de Inquilinas de Madrid se ha convertido en el colectivo principal del movimiento por el derecho a la vivienda, con el foco puesto en el caso de Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada en la calle Alcalde Sainz de Baranda hace apenas unos días y que hoy ha confirmado que podrá volver a su hogar. La organización, nacida en 2017, defiende la organización colectiva de los arrendatarios frente a propietarios, inmobiliarias y grandes tenedores.
El sindicato ha ganado protagonismo en los últimos días por la acampada instalada en la Puerta del Sol para reclamar al Gobierno nuevas medidas sobre alquileres y desahucios.
Hay que remontarse a 2017 para entender el nacimiento del sindicato, que surgió con el objetivo de organizar colectivamente a las personas que viven de alquiler. Su actividad se centra en conflictos con propietarios, inmobiliarias y grandes tenedores, y defiende que los inquilinos puedan negociar de forma conjunta las condiciones de sus contratos.
La organización plantea la vivienda como un derecho que debe quedar garantizado y no como una mercancía. En su página web explican que pretenden hacer frente a las subidas de los alquileres, las finalizaciones de contrato y los desalojos mediante la organización colectiva.
Con caras visibles como Alicia del Río, Valeria Racu o Fernando de los Santos, portavoces del sindicato, cuentan además con el apoyo de unos 10.000 afiliados, aunque explican que podrían ser más con el paso de los días. "Ahora mismo no sabría decirte, porque estamos desbordados, pero a nivel de confederación andábamos por los 10.000 afiliados antes de la protesta", declara una de las portavoces a El Confidencial.
La organización se financia mediante las cuotas de sus miembros y asegura que este sistema le permite mantener su autonomía. La cuota estándar es de 100 euros al año o 10 euros al mes.
El colectivo defiende una intervención mucho más profunda del mercado del alquiler. Entre sus principales reivindicaciones figura una reducción de los alquileres hasta el 50%, además de la creación de un parque público de vivienda mucho mayor.
También reclama contratos de alquiler indefinidos, la expropiación de fondos y viviendas vacías, la recuperación de viviendas destinadas al alquiler turístico y temporal y el fin de los desahucios. Entre sus propuestas incluye además acabar con la compra especulativa de vivienda.
La organización considera especialmente importante acabar con los contratos temporales o sujetos a renovaciones periódicas. Su portavoz, Alicia del Río, ha defendido en varias ocasiones que los contratos indefinidos son una condición "irrenunciable" en la negociación del Gobierno sobre el denominado 'decreto Maricarmen'.
Además, el sindicato no limita su actividad a las manifestaciones. Una de sus principales herramientas es la negociación colectiva con propietarios y grandes tenedores cuando varios inquilinos de un mismo edificio o grupo de viviendas afrontan problemas similares.