Madrid |
El Gobierno ha declarado la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol de Madrid, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática por el papel que desempeñó durante la dictadura franquista siendo la Dirección General de Seguridad (DGS), donde se produjeron torturas "por motivos políticos e ideológicos" a opositores al régimen.
Una decisión que no ha sido bien recibida en el seno del Gobierno regional, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pretende llevar a la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ejecutivo central.
En palabras del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, se trata de una decisión "arbitraria y sectaria, contraria a la historia y a la verdad". Así lo anunció este miércoles al término del Consejo de Gobierno de la comunidad madrileña.
Poco después de anunciar la decisión, Ayuso ha acusado, sin dar ningún tipo de nombre, a un "socialista autócrata" de intentar resucitar las "dos Españas" en el mismo lugar "donde un socialista demócrata" las enterró. "Pero era tan torpe, que se le caducó la oportunidad", apostilló la presidenta.
Este conflicto entre Gobierno central y la Comunidad de Madrid ya tiene antecedentes. En octubre de 2024 se inició el expediente para declarar el edificio como Lugar de Memoria Democrática por parte de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática.
Poco después, en diciembre de 2024, la Comunidad de Madrid aprobó un acuerdo que le permitió exigir al Gobierno central la anulación de la resolución y parar el expediente.
En marzo de este año, la Comunidad de Madrid solicitó la suspensión del procedimiento administrativo para el reconocimiento de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática.
Ese mismo mes, el 25 de marzo de 2025, el Gobierno central presentó un recurso contra la ley autonómica del Ejecutivo liderado por Díaz Ayuso. Se consideró que ciertos puntos de la norma impedían declarar el edificio.
En abril el Tribunal Constitucional suspendió la ley autonómica que permitía controlar la Real Casa de Correos. Poco después, en julio, esta suspensión es levantada por el Constitucional.
Meses después se llega al punto actual: la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).