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El Ministerio Público sostiene que el procesado es padre de la víctima, nacida en 1991, con la que convivía en el domicilio familiar situado en el municipio de Siero. La mujer padece una discapacidad psíquica consistente en un retraso mental ligero, con limitaciones en su funcionamiento intelectual y en su conducta adaptativa, y se le ha reconocido una discapacidad del 65 por ciento. El procesado, aprovechando su ascendencia como progenitor sobre ella y la discapacidad de esta, abuso sexualmente de forma continuada en la vivienda de la familia en los momentos en los que ella estaba sola. Los abusos se vinieron produciendo desde que ella contaba con 13 años hasta el mes de marzo de 2015.
El procesado fue puesto en prisión preventiva por esta causa el 27 de marzo de 2015 y se acordó su libertad provisional el 18 de junio de ese mismo año. Asimismo, el 27 marzo de 2015 se le prohibió de forma cautelar acercarse a su hija y comunicarse con ella por cualquier medio.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de abusos sexuales del Código Penal y solicita que se condene al procesado a nueve años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante el tiempo de la condena, la prohibición de acercarse a menos de 500 metros a su hija, a su domicilio, lugar de trabajo, estudio u otro que frecuente y comunicarse con ella por cualquier medio durante 13 años y libertad vigilada durante nueve años. Además, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado pague una indemnización de 5.000 euros a su hija por daños morales.