Sin pantallas hasta los seis años y etiquetado en móviles advirtiendo de los riesgos para la salud: el informe que ha abordado el Gobierno
El Consejo de Ministros aprueba este martes el informe del comité de expertos con más de 100 medidas que busca proteger a los menores ante el entorno digital.
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El comité de expertos designado por el Gobierno ya tiene a punto su informe sobre los efectos de la tecnología en los menores. Los 50 expertos nombrados por el Ejecutivo han elaborado un plan que pretende proteger a los más pequeños ante el entorno digital cada vez más presente en nuestras vidas.
El estudio tiene casi 250 páginas y 107 medidas, según informe El País, con recomendaciones básicas como las horas de pantalla que aconseja en menores de tres, seis y hasta los 16 años, incluso con un etiquetado que advierta de los riesgos del uso de los dispositivos digitales.
Las medidas del informe de los expertos: pantallas y uso de móviles en menores
Estas actuaciones se enmarcan en el anteproyecto de ley orgánica para la protección de menores en entornos digitales que el Gobierno ya aprobó en junio y cuyo texto se pretende que sea en un futuro próximo la llamada Ley de Entornos Digitales Seguros.
Estas son las principales medidas en sus diferentes apartados.
Horas de pantallas en menores
El informe del comité de expertos nombrado por el Ejecutivo desaconseja exponer a dispositivos digitales a los menores de tres años, mientras que no recomienda su uso hasta los seis años. Además, recomienda la utilización del teléfono analógico, esto es, sin Internet ni llamadas, entre los 12 y los 16 años.
Según comunica El País, el documento habla de un "acceso progresivo" de los pequeños a dichos dispositivos, usándolos "como excepción" entre los tres y los seis años y pidiendo a los adultos limitar su uso cuando se encuentren junto a los menores.
Revisión de apps en colegios y eliminación de la "gratificación"
Los expertos aseguran que conviene revisar todas las herramientas que se utilizan en los centros escolares y su aplicación en la educación de los más pequeños, además de pedir la eliminación de juegos y aplicaciones basadas en sistemas de "gratificación inmediata".
Sin dispositivos individuales en Infantil
En las etapas educativas más tempranas, el informe solicita no utilizar dispositivos individuales, solo colectivas y bajo la supervisión del profesor, mientras que en Educación Primaria apuesta por priorizar la "enseñanza analógica".
Etiquetado con riesgos para la salud
También se recoge la obligación para empresas de incluir una etiqueta que advierta sobre los riesgos para la salud que tiene el uso de los dispositivos y sus aplicaciones. Estos mensajes de advertencia se deben entender y aparecer al acceder a dichas aplicaciones o plataformas, y contendrán desde los principales riesgos para la salud hasta el tiempo que se recomienda su uso.
Verificación de edad
Establece la obligatoriedad de que todos los actores del entorno digital cuenten con sistemas de verificación de edad para acceder a contenido que pudiera resultar nocivo para colectivos vulnerables.
Formación para familias
El estudio afirma que deben existir planes de formación para familias que adviertan de todos estos efectos e informen del tiempo máximo recomendado y otras aplicaciones útiles para la convivencia de los menores con el entorno digital.
Trastornos y adicciones, problemas de salud pública
Los expertos creen que los trastornos y adicciones que vienen del uso de la tecnología deben ser declarados como problemas de salud pública, y proponen cribados de hábitos de consumo y programas de actuación ante estos síntomas, creando así un "enlace" entre el propio centro escolar y la salud mental de los menores.
Impacto por edades y modo de seguridad por software
Además de estas advertencias, el estudio contempla que haya informes por edades sobre el impacto de cada nuevo lanzamiento. Por último, pide un modo de "máxima seguridad" a fabricantes y operadores para evitar notificaciones o publicidad comportamental, entre otros aspectos.
Educación afectivo-sexual
Se destaca la importancia de reforzar los contenidos referidos a la educación afectivo-sexual y mejorar la competencia digital de los profesionales que trabajan con menores de edad.
Regulación de creadores de contenido
En lo concerniente a la protección de los derechos de las personas más vulnerables, el comité de expertos propone la regulación de los creadores de contenido, incluyendo los 'kids influencers', y apuesta por la "prohibición expresa de exponer a personas menores de edad en el contenido objeto de su actividad en la red", con independencia de que esta actividad genere directa o indirectamente ingresos económicos. En este punto, los expertos plantean regular la práctica del 'sharenting' (práctica que consiste en que los adultos comparten contenidos de niños en redes sociales) con menores por parte de los 'influencers'.
Ámbito legislativo
Por su parte, el trabajo del comité de expertos reclama la protección de los neuroderechos, el desarrollo normativo de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), desarrollar la Ley Estatal Lgtbi+ "en su máxima extensión" e impulsar la habilitación legal necesaria para la plena operación de la línea directa en España en lo relativo a la violencia sexual contra la infancia.
También se demanda la puesta en marcha de juzgados especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia, incluida las violencias digitales y de un Plan Estratégico de Alfabetización Mediática e Informacional, y dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de "herramientas más adecuadas" para investigar y desmantelar redes de violencia sexual contra la infancia en línea.
El trabajo apunta a la conveniencia de desarrollar herramientas, protocolos y formaciones específicas para la detección y actuación en caso de una problemática relacionada con el consumo de la pornografía por menores de edad y violencias y violencias sexuales contra los chavales.
Por último, a largo plazo se contempla la creación de un Observatorio de Salud Mental y Adicciones sin sustancia vinculadas al entorno digital y la puesta en marcha de mecanismos de monitoreo y evaluación de la Estrategia Nacional de Protección a la Infancia y la Adolescencia en Entornos Digitales.