26 de marzo de 2025
Una jueza de Barcelona decidirá si avala la eutanasia solicitada por una joven de 23 años con paraplejia, cuya aplicación fue suspendida el pasado mes de agosto tras la impugnación presentada por su padre.
La resolución marcará un precedente al ser el primer caso en España en el que la justicia debe determinar si los familiares tienen legitimidad para impedir el derecho a una muerte digna.
La joven, que quedó parapléjica tras un intento de suicidio en 2022, pidió recibir la eutanasia en abril de 2024 aduciendo un sufrimiento constante e irreversible. La solicitud recibió todos los avales médicos. La Comisión de Garantía y Evaluación dio luz verde a la eutanasia -por unanimidad de sus 19 miembros-al considerar que la paciente cumplía los requisitos establecidos por la Ley de Eutanasia. Sin embargo, su padre, con la ayuda de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, recurrió la decisión alegando que su hija no tenía plena capacidad para tomar esa decisión debido a trastornos mentales previos.
El juicio abre un debate inédito: si los familiares pueden impugnar la decisión de una persona adulta sobre su propia vida. La Generalitat sostiene que la joven es la única titular del derecho a una muerte digna, mientras que la Fiscalía reconoce que los familiares pueden intervenir si mantienen un vínculo estrecho con el paciente. El padre argumenta que su hija ha mostrado dudas sobre su decisión, aunque los informes médicos avalan su estabilidad psicopatológica.
Una de las claves del juicio está en el acta notarial firmada por la joven, donde confirma su voluntad de recibir la eutanasia. La defensa del padre sostiene que una anotación manuscrita encontrada días antes de la fecha prevista para la eutanasia plantea dudas su decisión. No obstante, los médicos aseguran que la paciente aclaró que no tenía intención de retractarse.
Pese a las recomendaciones de la Generalitat para evitar su exposición, la joven deberá comparecer ante la jueza a petición de la Fiscalía. El informe de los forenses concluye que la paciente está en plenas facultades mentales para decidir sobre su vida, pero su declaración será determinante para resolver el caso.