Madrid |
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha aclarado que los presos en situación preventiva que soliciten su regularización administrativa solo podrán acceder al proceso si no cuentan con antecedentes penales registrados y, en todo caso, será la Policía Nacional la encargada de evaluar si suponen o no un riesgo para la seguridad pública.
El Gobierno defiende que el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes es "absolutamente garantista" y que se está desarrollando con normalidad, pese a las largas colas registradas en oficinas de distintas ciudades. Desde el Ejecutivo se atribuyen estas incidencias, en parte, a un supuesto boicot de ayuntamientos gobernados por el Partido Popular.
La polémica se ha intensificado tras conocerse la instrucción del Ministerio del Interior a Instituciones Penitenciarias para facilitar los trámites de regularización a personas en prisión preventiva, es decir, aquellas que aún no han sido condenadas, pero sobre las que existen indicios de delito.
Grande-Marlaska ha insistido en que estos casos no suponen una excepción en términos de seguridad, ya que deberán cumplir los mismos requisitos que el resto de solicitantes. "Si algún preso preventivo se quiere regularizar y no tiene antecedentes penales, será la Policía Nacional la que acredite que no representa un peligro público", ha explicado.
Desde el Partido Popular, su portavoz Esther Muñoz ha calificado la medida de "inaceptable e incomprensible" y ha cuestionado la urgencia del Ejecutivo. "No entendemos la necesidad que tiene este Gobierno de regularizar a delincuentes", ha afirmado, pese a reconocer que el procedimiento es "muy garantista para el solicitante y para el conjunto de la sociedad".
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha mostrado su preocupación por la capacidad real de evaluar los perfiles de riesgo ante el elevado volumen de solicitudes previsto. Su portavoz, Ana María Alarcón, ha advertido de que la información disponible "no siempre es completa", especialmente cuando se trata de antecedentes en otros países.
"En un proceso con mucho volumen y poco tiempo, esa valoración no siempre puede hacerse con la profundidad deseable", ha señalado.
A estas dificultades se suman problemas operativos en las oficinas de Extranjería y de la Seguridad Social. Funcionarios denuncian que el sistema es lento y que, en ocasiones, una sola cita se utiliza para atender a familias completas, lo que incrementa los tiempos de atención y contribuye a la formación de largas colas.