La ley de garantía integral de la libertad sexual, que elimina la distinción entre abuso y agresión y regula la necesidad del consentimiento expreso, entra en vigor este viernes. Esta ley, conocida como ley del solo sí es sí, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado, reforma el Código Penal y establece que todo acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento es una agresión sexual castigada con pena de prisión de 1 a 4 años.
El consentimiento expreso será la pieza clave para juzgar los delitos sexuales y se define de la siguiente manera: "Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".
De esta manera, las víctimas ya no tendrán que demostrar que han sufrido violencia o que se han resistido para acreditar una agresión y se eliminan los abusos sexuales del Código Penal. La norma, que ve la luz cuatro años después de la polémica sentencia de La Manada, contó durante su tramitación parlamentaria con la oposición de PP y Vox.
La ley considera violación toda agresión sexual con penetración y la castigada con pena de prisión de cuatro a doce años.
Quince años será la pena máxima en el caso de la violación y de ocho en el de la agresión sexual sin penetración cuando concurra alguna agravante, como la agresión en grupo, la violencia extrema o la especial vulnerabilidad de la víctima.
Como agravante se introduce el que se anule la voluntad de la víctima con fármacos o drogas y que entre la víctima y el agresor haya existido o exista una relación de pareja.
Se penaliza el acoso callejero, entendido como comportamientos o proposiciones de carácter sexual que generen a la víctima una situación humillante, hostil o intimidatoria y se multará el reenvío de imágenes de terceros que hayan sido grabadas sin autorización de la persona afectada y que menoscaben gravemente la intimidad.
Entre ellos, el derecho a la asistencia integral especializada y accesible, desde atención médica y psicológica, a la cobertura de las necesidades económicas, laborales y de vivienda, a la asistencia jurídica y a una indemnización.
También el refuerzo de las unidades de valoración forense integral para ocuparse de los casos de violencias sexuales contra mujeres y niños y la creación de "centros de crisis" 24 horas para la atención interdisciplinar a las víctimas y de "casas de niños", lugares adaptados para acoger a los menores víctimas de violencia sexual en los que se realizarán todas las diligencias necesarias.