Según informan algunos medios, Vicepresidencia del Gobierno y Ministerio de Justicia tuvieron que intervenir el primer borrador de la Ley 'sí es sí' de Libertad Sexual de Irene Montero porque consideraban que había algunas cuestiones inconstitucionales.
Fuentes del Ejecutivo aseguran que este borrador recibió muchas críticas por parte de los ministros socialistas porque se detectaron muchas cosas "claramente inconstitucionales".
Al parecer, desde el PSOE apuntan que se ha querido aprobar la norma muy rápidamente -para hacerla coincidir con el 8M, tal y como deseaba Irene Montero- y que hay que pulir algunos puntos de la misma, como por ejemplo cómo afecta al Código Penal, a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a los juzgados de violencia de género o al resto de departamentos.
Algunos de los puntos criticados por los socialistas -y que necesitarían de esta revisión de la norma- son los de equiparar la violencia sexual a la violencia de género y la creación de "juzgados especializados", lo que chocaría con la actividad que actualmente realizan los juzgados de violencia de género.
La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha negado que hayan existido discrepancias en el Gobierno y que el Ejecutivo "siempre" ha ido conjuntamente en la elaboración de la ley, "como no podría ser de otra manera".
La nueva ley 'sí es sí' de Irene Montero castigará las violaciones con penas de cuatro a diez años, que podrán llegar hasta los 12 con una agravante y hasta los 15 con dos agravantes.
El anteproyecto de ley modifica el Código Penal para poner en el centro de la agresión sexual el consentimiento y acabar con la distinción entre abuso y violación. Ahora, toda penetración sin consentimiento será considerada violación.
En esta modificación se introducirá la agravante de que la agresión sexual haya sido precedida o acompañada de violencia y grave daño. Se matiza también la agravante de parentesco. Se debe incrementar la pena en caso de que la víctima sea la esposa o expareja del agresor.