Visiblemente emocionado, este joven ha sido apoyado este mediodía en una concentración por varias decenas de personas, muchas de ellas familiares, allegados y amigos, a las puertas de su trabajo en una cafetería del entorno de la plaza de Toros de Granada.
"Todo esto me ha venido muy grande. Agradezco muchísimo el apoyo a todo el mundo. Me da fuerzas para luchar no sólo por mí sino por la gente que hay detrás y que no vuelvan a pagar justos por pecadores", ha dicho este joven, que ha pedido el indulto y cuya resolución todavía no le han sido notificado formalmente.
"Hay mucha gente que ya está reinsertada y que, por culpa de una justicia lenta, tiene que pasar por esto. Mi entrada en la cárcel sería arruinarme la vida", ha añadido el joven condenado, quien a pesar de mantener la esperanza también tiene la "cabeza amueblada" con la idea de su orden de ingreso en prisión este próximo martes.
Su abogado, Javier Gómez Rosales, ha presentado un recurso en la Audiencia Nacional, para pedir que se suspenda la ejecución de la pena hasta que se resuelva el indulto que solicitó al Gobierno el pasado 7 de mayo de 2015, sin que a día de hoy su resolución haya sido notificada de manera formal.
El letrado informó de que había trasladado a la Audiencia Nacional que el joven condenado ha estado y está siempre a disposición del Tribunal "para lo que fuere llamado" y que trabaja de forma estable, de ahí que entiende que no existe "riesgo de sustraerse de la acción de la justicia".
El abogado insiste en el recurso en que su cliente no participó "en nada" de lo que se le condenó y que su única actuación, que no ha resultado manifestada en los hechos declarados probados, fue el uso de una tarjeta con la que efectuó una compra por importe inferior a 80 euros.
En la actualidad y desde hace ya bastante tiempo, Alejandro Fernández se encuentra en situación de empleo estable con un trabajo como camarero que le permite vivir y comprar un inmueble en el que vivir con su mujer.
El joven fue condenado por un delito de tenencia de tarjetas de crédito o débito destinadas a su tráfico a cuatro años de cárcel, a los que hay que sumar un año más de prisión por otro delito de estafa, según recoge la sentencia condenatoria.