El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente el martes el Plan Corresponsables, una red pública de cuidadoras de niños. Esta iniciativa estará dotada de 190 millones de euros para crear "bolsas de cuidado profesional" en las comunidades autónomas y ofrecer a familias con hijos menores de 14 años atención a domicilio por horas para favorecer la conciliación.
Según explican fuentes del Ministerio de Igualdad, responsable de diseñar y financiar este proyecto, el acuerdo debe ser ratificado en la Conferencia Sectorial de Igualdad que se celebrará en abril, tras las negociaciones llevadas a cabo con las comunidades en los últimos meses.
El principal destino de los 190 millones destinados este año al plan será la creación de "bolsas de cuidado profesional", que se prestarán a domicilio por un número determinados de horas semanales a menores de 14 años.
Se podrán prestar estos cuidados también en dependencias públicas habilitadas para ello, como escuelas, centros municipales o polideportivos, garantizando los derechos laborales de los profesionales implicados.
La prioridad será atender a familias monoparentales, víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra la mujer, desempleadas de larga duración, mujeres mayores de 45 años o unidades familiares en las que existan otras cargas relacionadas con los cuidados.
Para acceder a los programas se tendrá en cuenta el nivel de renta y las cargas familiares.
El plan busca también crear empleo de calidad entre personas jóvenes don distintos perfiles profesionales, como técnicos de actividades socioculturales, monitores de ocio y tiempo libre, técnicos superiores de animación sociodeportiva, educación infantil o auxiliares de guardería y jardín de infancia
Un tercer objetivo, al que se destinará el 10 % del presupuesto, será establecer mecanismos públicos de reconocimiento de la experiencia de cuidado no profesional que habiliten el acceso a las bolsas de cuidado, con especial atención a la situación de mujeres mayores de 45 años.
Igualdad subraya que se trata de una "política pública feminista" y lo considera un "proyecto semilla", con el que por primera vez el Estado se haga corresponsable de la conciliación de las familias.
Para la distribución de fondos entre las distintas comunidades autónomas se tendrá en cuenta la población menor de 14 años, la superficie, la dispersión de la población y las grandes urbes, además de las especiales características de las islas y de Ceuta y Melilla.