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Son datos de la última "Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España", presentada este jueves, que detalla el impacto social de las actividades educativas, culturales y asistenciales que realiza con la asignación tributaria de los contribuyentes, que en 2015 fue de 249.614.608 euros, y otros ingresos financieros.
Respecto a la actividad educativa, indica que la Iglesia, a través de sus universidades y colegios, "genera importantes beneficios, tanto para sociedad como para sus estudiantes, en aspectos tales como mayores salarios y menores tasas de fracaso escolar".
Entre los beneficios indirectos de la formación católica en los colegios, destaca que mejora la salud, reduce las diferencias sociales y la criminalidad, genera mayor tendencia a las donaciones y favorece el control de los gastos.
Sobre el ahorro al Estado por alumno en los colegios católicos respecto a la media de los centros españoles, indica que es del 33% en Primaria y Secundaria y del 41% en el Bachillerato.
Destaca que los centros católicos concertados suponen un ahorro al Estado de 2.563 millones de euros.
En la etapa universitaria, indica que la actividad formativa de las católicas genera un 30% más de impacto en la sociedad que la media de las universidades en España.
Así, explica que el salario medio de los universitarios católicos es un 12% superior al universitario medio, y la tasa de abandono en esa etapa está 11 puntos por debajo de la media en la universidad.
La Memoria, auditada por PWC y que ha utilizado la metodología SROI para calcular el impacto social y económico, expone que la inversión de la comunidad católica equivale a más del 138% de lo que recibe por la asignación tributaria. Así, por cada euro ingresado a través del IRPF, la Iglesia invierte 1,38 euros en la sociedad.
En la actividad caritativa y asistencial, destaca que los cerca de 9.000 centros sociales de la Iglesia atendieron a casi 4,8 millones de personas durante 2015.
En cuanto a su impacto en este ámbito, la Iglesia calcula que es de 589 millones de euros, un valor económico para la sociedad que solo superarían, en actividades asistenciales destinadas a inclusión social, apoyo a la inmigración y a la pobreza, las comunidades de Cataluña y Andalucía, según un estudio encargado a KPMG.